Lomas de Olmedo: Valenzuela pidió que las empresas se hagan cargo del cierre del pozo contaminado

El diputado provincial por Orán destacó la intimación judicial a YPF y President Petroleum para que presenten planes de contingencia y cierre definitivo del pozo petrolero Lomas de Olmedo.

El diputado provincial por Orán, Fabi Valenzuela, calificó como “un paso adelante” la decisión de la Justicia de intimar a YPF S.A. y President Petroleum S.A. a presentar, en un plazo de diez días hábiles, un plan de contingencia y contención ambiental y otro para el cierre definitivo del pozo petrolero Loma de Olmedo X-10, ubicado en Puesto Guardián.

La resolución, notificada el 23 de octubre, busca evitar que la contaminación existente se agrave y se extienda hacia terrenos agrícolas y ganaderos. En diálogo con Hora de Voces (FM Ya 91.3), el legislador sostuvo que se trata de una medida que venía esperando desde hace tiempo y remarcó la importancia de que se establezcan plazos concretos.

“Es una medida que nosotros ya veníamos esperando hace bastante tiempo”, afirmó Valenzuela. Además, recordó que en abril presentó un pedido de informe en la Legislatura para conocer la situación del pozo.

Para el diputado, la principal novedad es que ahora existe un plazo para que las empresas actúen. “Esto ya es un paso adelante, porque ya se pone un plazo. Antes no teníamos ese plazo”, señaló.

Valenzuela también consideró que la responsabilidad no debe recaer únicamente sobre las dos compañías intimadas.

“Se dispuso sobre estas dos empresas, pero todavía hay otra empresa que también fue concesionaria y que trabajó ahí, sobre la que todavía no se determinó. Pero yo creo que todos tienen que estar involucrados”, planteó.

La preocupación por las lluvias

Uno de los puntos que más preocupa al legislador es la posibilidad de que las precipitaciones previstas para los próximos meses agraven el cuadro ambiental. Según advirtió, el fenómeno conocido como “Súper El Niño” podría favorecer el desplazamiento de las sustancias presentes en el lugar hacia terrenos que todavía no fueron alcanzados.

“Nosotros estamos en una etapa próxima al Súper Niño y se estima que esas lluvias, que van a ser de carácter abundante, también pueden aumentar o extender el derrame”, explicó.

El diputado puso el foco en las consecuencias para quienes viven y trabajan en las inmediaciones del pozo. “En el medio está el medio ambiente, hay personas que viven ahí, personas que trabajan con sus ganados, que se vieron netamente perjudicados”, expresó.

En esa línea, también advirtió sobre el tiempo que podría demandar la recuperación de los terrenos afectados.

“No sé cuánto tiempo llevará en recuperarse todas esas tierras, ¿no? Que hay gente que trabaja en la agricultura y la ganadería”, manifestó.

“Cuando se van, te dejan todo sin cerrar los pozos”

Valenzuela cuestionó que el costo económico del cierre pueda utilizarse como argumento para evitar que las compañías cumplan con sus obligaciones. Para explicar su postura, comparó las exigencias que enfrentan las empresas cuando buscan invertir con las dificultades que aparecen cuando deben hacerse cargo de las consecuencias de su actividad.

“Cuando vienen las empresas y quieren hacer inversiones, ¿qué es lo que primero te piden? Seguridad jurídica”, sostuvo. Y agregó: “En la vulnerabilidad que nosotros tenemos de necesidad de inversiones, por ahí vamos cediendo, pero resulta que cuando se van, ellos no tienen ninguna seguridad jurídica, no nos queda a nosotros, no le podemos hacer nada”.

El legislador cuestionó que haya sido necesario recurrir a la Justicia para exigir el cierre de la instalación. “Tenemos que llegar a instancias judiciales para que una empresa británica tenga que venir a cerrarlo”, indicó, en referencia a una de las compañías vinculadas con la explotación.

Sobre los costos, insistió en que deben formar parte de los riesgos que asume una empresa al iniciar una actividad petrolera. También rechazó que las compañías puedan desligarse de las obligaciones porque la explotación no haya alcanzado los resultados esperados.

“Está bien, no les fue bien, pero yo a lo que voy es que estas empresas, sí, tenemos que tener seguridad jurídica, todo lo que ellos quieren, pero después cuando se van, te dejan todo, todo sin cerrar los pozos, con una contaminación ambiental tremendamente importante”, afirmó.

Por otro lado, remarcó que las empresas cuentan con profesionales capacitados para evaluar los riesgos antes de iniciar una explotación. “Ellos ya tienen sus especialistas que dicen, sus geólogos, toda esa gente que tienen que tener para que le den bien los números y hacer los análisis antes de abrir un pozo”, sostuvo.

Por eso, consideró que las compañías también deberían haber previsto la posibilidad de que la explotación no fuera rentable y los costos que implicaría abandonar la actividad de manera segura.

Respetar la restricción de acercamiento

Consultado sobre las imágenes que circulan en redes sociales de personas que se acercan al pozo, Valenzuela pidió respetar las medidas judiciales de restricción de acercamiento.

“Yo particularmente soy respetuoso de la medida, porque el juez Morillo es el que dictó esa medida de restricción de acercamiento, y hay que ser respetuoso de las decisiones judiciales”, señaló.

El diputado explicó que no llegó directamente hasta el pozo debido a esa disposición y también por precaución ante los riesgos que podría implicar la exposición a las emanaciones.

“También está la salud de uno, por más que uno quiera hacer un video para después subir en redes sociales, pero también se está perjudicando uno”, advirtió. Luego agregó: “Eso emana gases que pueden ser tóxicos para la salud del propio”.

Finalmente, Valenzuela insistió en que la intimación judicial marca un avance, aunque ahora será necesario que las empresas respondan dentro del plazo establecido. “Ahora sí sería un paso adelante, porque ya se le pone un tiempo perentorio de 10 días para que presente el plan”, afirmó.