Apartan a un sacerdote y ordenan investigar su gestión parroquial
El obispo Luis Antonio Scozzina apartó preventivamente al padre Enrique Javier Polo por el malestar generado en torno a la administración de la parroquia Santa Rosa de Lima.
La Iglesia no precisó los motivos de la medida, mientras surgen interrogantes sobre los fondos recaudados en un bingo parroquial.
El Obispado de la Nueva Orán dispuso la suspensión cautelar del sacerdote Enrique Javier Polo, quien se encontraba al frente de la parroquia Santa Rosa de Lima, en Colonia Santa Rosa, y anunció el inicio de una investigación canónica para esclarecer los cuestionamientos surgidos en torno a su administración.
La decisión fue adoptada por el obispo de la diócesis, fray Luis Antonio Scozzina, y comunicada oficialmente el 24 de octubre, mediante el documento protocolar Nº 065/2026.
Allí, la autoridad eclesiástica fundamentó la medida en el “malestar generado por la administración parroquial”, aunque evitó brindar precisiones sobre los hechos que motivaron la intervención.
Como parte de la disposición, el Obispado designó al presbítero Rodrigo Maximiliano Barreto como nuevo administrador parroquial, quien quedará a cargo de la comunidad religiosa mientras se desarrolla el procedimiento.
Interrogantes por el manejo de fondos parroquiales
La falta de explicaciones concretas sobre los motivos de la suspensión abrió una serie de interrogantes en Colonia Santa Rosa, particularmente en relación con la administración de los recursos de la parroquia.
Según publicó el medio NORTE YA, vecinos de la localidad señalaron que uno de los asuntos que habría generado controversia está relacionado con el destino de los fondos recaudados mediante un bingo organizado por la institución religiosa.
Sin embargo, no existe hasta el momento una confirmación oficial sobre presuntas irregularidades en esa recaudación, ni se informó si el manejo de esos fondos forma parte de los aspectos que serán examinados durante la investigación canónica.
El comunicado del Obispado tampoco especifica el alcance del procedimiento ni las situaciones administrativas que serán objeto de revisión.
Una suspensión preventiva y preguntas sin respuesta
La decisión de apartar al sacerdote también generó cuestionamientos entre algunos integrantes de la comunidad sobre los criterios de actuación de las autoridades eclesiásticas y la información que se brinda públicamente frente a situaciones que afectan la vida institucional de las parroquias.
En ese contexto, surgieron comparaciones con otros episodios considerados de mayor gravedad por algunos vecinos, ante los cuales, según esas apreciaciones, no se habrían conocido medidas o pronunciamientos similares.
No obstante, corresponde señalar que la suspensión de Enrique Javier Polo tiene carácter cautelar y no implica que se hayan comprobado faltas administrativas ni responsabilidades personales.
Es precisamente la investigación anunciada la que deberá determinar si existieron irregularidades y, eventualmente, qué medidas corresponde adoptar.
Por ahora, el Obispado se limitó a comunicar la decisión y el reemplazo en la conducción de la parroquia, sin difundir mayores detalles sobre el conflicto.