El Ministerio de Salud negó una deuda de tres meses con anestesistas
El Ministerio de Salud Pública de Salta rechazó los reclamos de la Asociación Salteña de Anestesia, Analgesia y Reanimación (ASAAR) y aseguró que cumple con los plazos de pago establecidos en el convenio vigente. La Provincia informó desembolsos por más de $4.143 millones desde enero y condicionó el diálogo al restablecimiento total de las prestaciones quirúrgicas en los hospitales públicos.
El conflicto entre el Gobierno de Salta y los profesionales de la anestesia sumó un nuevo capítulo luego de que el Ministerio de Salud Pública negara que exista una deuda vencida de tres meses con el sector. A través de un comunicado oficial, la cartera sanitaria cuestionó los reclamos difundidos por ASAAR y sostuvo que “carecen de veracidad”.
Según la explicación oficial, el convenio establece un plazo de 30 días para el pago de las horas de guardia y de 60 días para las prestaciones anestesiológicas, contados desde la presentación de las respectivas facturaciones. Sobre esa base, el organismo rechazó que puedan considerarse deudas vencidas los períodos cuyos plazos de auditoría y cancelación todavía se encuentran vigentes.
La Provincia informó pagos por más de $4.143 millones
El Ministerio detalló que las liquidaciones correspondientes a las guardias hasta agosto y las prestaciones anestesiológicas de mayo, junio y julio fueron canceladas en su totalidad.
En relación con las prestaciones de agosto, aclaró que el vencimiento opera en noviembre, por lo que sostuvo que ese período no constituye una deuda vencida.
De acuerdo con las cifras oficiales, durante octubre se desembolsaron $1.137.876.672,06, mientras que el total abonado desde enero asciende a $4.143.233.273,43.
Con estos datos, la cartera sanitaria defendió el cumplimiento de las condiciones acordadas y cuestionó que se presenten como atrasos períodos cuyos vencimientos aún no se produjeron.
Además de responder a los reclamos económicos, el Ministerio cuestionó la suspensión de cirugías programadas en los hospitales públicos y advirtió que las medidas adoptadas unilateralmente no deben afectar el derecho a la salud de la población.