El Estado tiene un plan, pero las mujeres de Salta siguen sin respuestas

Delicia Bollada e Isabel Verónica Galbán fueron asesinadas en una misma semana en Joaquín V. González. La familia de Isabel denunció demoras policiales y falta de recursos para buscarla, pese a los antecedentes de violencia de género.

En diálogo con Nuevo Diario, la periodista feminista Teresita Frías reclamó investigar la actuación de las instituciones y cuestionó la ausencia de políticas efectivas en el territorio. El caso vuelve a poner bajo la lupa una emergencia provincial que lleva más de diez años y un plan de igualdad sobre cuya ejecución organizaciones feministas exigen explicaciones.

Los femicidios de Delicia Bollada, de 38 años, e Isabel Verónica Galbán, de 40, ocurridos con apenas una semana de diferencia en Joaquín V. González, departamento Anta, volvieron a encender las alarmas por la violencia de género en Salta y, fundamentalmente, por las respuestas que el Estado ofrece ante situaciones de riesgo. Ambas mujeres vivían en el barrio Facundo Quiroga y sus asesinatos pusieron nuevamente en discusión el funcionamiento de los mecanismos de prevención, la intervención policial y el acompañamiento institucional a las víctimas, en una provincia que permanece bajo emergencia por violencia de género desde 2014. Delicia fue asesinada el lunes 19 de octubre y por el hecho fue señalado su hijo de 21 años, mientras que Isabel desapareció el jueves 22 y fue encontrada sin vida cuatro días después en el río Juramento, en la zona de Laguna Blanca. Por este último crimen, la fiscal penal de Anta, María Celeste García Pisac, imputó provisionalmente a su marido, Dionisio Villalba, por homicidio calificado por el vínculo y por mediar violencia de género. También fue imputada por encubrimiento una joven con quien el acusado mantendría una relación de pareja paralela. La investigación judicial avanza, pero los cuestionamientos más graves surgieron de la propia familia de Isabel, que denunció que la Policía se negó inicialmente a recibir una presentación por su desaparición y que efectivos de la Brigada de Investigaciones argumentaron que no podían salir a buscarla porque carecían de combustible para el móvil. Según sus allegados, la búsqueda recién se agilizó después de los reclamos públicos y la intervención de organizaciones feministas de la zona. En diálogo con Nuevo Diario, la periodista feminista Teresita Frías advirtió que ambos crímenes obligan a examinar las responsabilidades institucionales y no solamente las circunstancias particulares de cada asesinato. En el caso de Delicia, señaló la necesidad de abordar el avance del consumo problemático de sustancias y sus consecuencias sociales, mientras que respecto de Isabel puso el foco en los antecedentes de violencia, las denuncias existentes y la falta de protección efectiva. “Los últimos dos femicidios en Anta, puntualmente en Joaquín V. González, nos vuelven a obligar a mirar más allá de los crímenes y preguntar qué hicieron las instituciones para prevenirlos”, sostuvo.

Las denuncias previas y las respuestas que faltaron

El asesinato de Isabel presenta interrogantes especialmente graves por los antecedentes denunciados por sus familiares. Tres años antes, su madre había denunciado a Villalba por violencia de género y el hombre llegó a estar detenido. Según relataron sus allegados, en otras oportunidades intentaron advertir sobre las situaciones de violencia, pero se les exigía que la propia Isabel ratificara las presentaciones, algo que ella no quería hacer. Tras su desaparición, la familia aseguró que tampoco encontró respuestas inmediatas. Brisa Galbán, sobrina de la víctima, denunció que inicialmente no quisieron tomarles la denuncia y que las dificultades continuaron mientras reclamaban su búsqueda. La Policía recibió formalmente una denuncia por desaparición presentada por el marido el viernes 23, pero los familiares cuestionan la negativa a recibir la información que ellos intentaban aportar y la falta de celeridad en las actuaciones posteriores. Frías consideró indispensable que estas circunstancias sean esclarecidas y que se establezca si existieron omisiones por parte de los organismos responsables. “La Policía debe explicar cómo actuó, qué medidas tomó y por qué no contaba con los recursos necesarios. Hasta ahora esas explicaciones no están”, manifestó a Nuevo Diario. La periodista también reclamó conocer qué intervención tuvo la Secretaría de la Mujer municipal ante los antecedentes de violencia denunciados contra Villalba y si existieron medidas de acompañamiento o seguimiento de la situación familiar. En ese sentido, destacó el papel de las organizaciones feministas de Anta, que contribuyeron a visibilizar la desaparición y presionaron para que se intensificara la búsqueda. “Una vez más, la organización feminista tuvo que exigir una respuesta que debía ser inmediata de un Estado ausente”, cuestionó.

Una emergencia prolongada y un plan bajo cuestionamiento

Los crímenes ocurrieron mientras Salta transita su duodécimo año bajo emergencia pública por violencia de género, declarada originalmente en 2014 y prorrogada en sucesivas oportunidades. La continuidad de esta situación extraordinaria contrasta con los reclamos de organizaciones que advierten sobre dificultades persistentes para acceder a dispositivos de asistencia, especialmente en municipios alejados de la capital provincial. A esta discusión se sumó recientemente la Asamblea Lesbotransfeminista de Salta, que exigió a la subsecretaria de Género y Diversidad, Julieta Valencia Donat, una rendición de cuentas sobre el Plan Provincial para la Igualdad de Género 2025-2026, una herramienta oficial que contempla cinco ejes, más de veinte propuestas y 99 líneas de acción. La organización reclamó información precisa sobre las medidas ejecutadas, el presupuesto destinado a su implementación y el funcionamiento de las mesas de articulación y seguimiento. También cuestionó que la comunicación institucional y la participación de funcionarias en actividades públicas no estén acompañadas de información suficiente sobre los resultados concretos de las políticas de prevención y protección. El cuestionamiento fue retomado por Frías, quien consideró que la Subsecretaría de Género debe rendir cuentas sobre los recursos destinados al acompañamiento de víctimas en toda la provincia y los resultados del trabajo territorial, particularmente en las localidades más alejadas de los grandes centros urbanos. En diálogo con este medio, sostuvo que “el retroceso de las políticas nacionales agrava el escenario, pero no exime a la Subsecretaría ni a los municipios de sus propias responsabilidades”, y reclamó que se investigue qué falló en el caso de Isabel, quiénes debían intervenir y qué medidas fueron efectivamente adoptadas frente a las señales de riesgo.

Mientras la Justicia investiga los crímenes y las familias reclaman justicia, la provincia enfrenta nuevamente el desafío de explicar qué sucede con sus políticas de prevención, qué recursos llegan efectivamente al interior y por qué, después de más de una década de emergencia, continúan apareciendo denuncias sobre obstáculos para acceder a protección. Porque, como recordó la Asamblea Lesbotransfeminista de Salta, “un plan escrito no salva vidas. Su cumplimiento, sí”. Y los asesinatos de Delicia e Isabel vuelven a demostrar que la discusión no puede agotarse en las declaraciones de emergencia ni en los anuncios oficiales, sino que debe traducirse en intervenciones concretas antes de que la violencia se cobre nuevas vidas.