La Corte de Justicia confirmó la constitucionalidad de la Ley de Participación Democrática
La Corte de Justicia de Salta confirmó la constitucionalidad de la Ley 8535, conocida como Ley de Participación Democrática, y rechazó los planteos judiciales que cuestionaban el régimen electoral establecido por la norma. El Tribunal consideró que la Legislatura provincial actuó dentro de sus atribuciones y que las disposiciones son compatibles con las constituciones provincial y nacional.
En su resolución, difundida este 11 de noviembre, la Corte sostuvo que las provincias tienen facultades para establecer sus propios sistemas electorales, de acuerdo con los artículos 5°, 121, 122 y 123 de la Constitución Nacional. También señaló que la Constitución de Salta delega en la Legislatura la determinación y reglamentación del régimen electoral.
Los jueces remarcaron que la elección de un determinado sistema constituye una decisión de mérito, oportunidad y conveniencia que corresponde a los poderes políticos del Estado.
Uno de los puntos analizados fue el mecanismo de asignación de cargos previsto por la Ley 8535. Al respecto, el Tribunal consideró que respeta el principio de elección directa establecido en la Constitución Provincial, debido a que la designación de los candidatos surge de la manifestación inmediata de la voluntad del electorado, sin intermediación de otros órganos.
Requisitos
La Corte también avaló el requisito que establece la presentación de candidaturas en al menos 15 departamentos para que una fuerza política pueda postular candidatos a gobernador y vicegobernador. Consideró que se trata de una condición razonable de organización y participación territorial, teniendo en cuenta que quien ocupa la Gobernación representa a toda la provincia.
En ese sentido, aclaró que esta exigencia no modifica los requisitos personales para acceder al cargo, que continúan siendo los establecidos por la Constitución Provincial.
Otro de los aspectos cuestionados fue la obligación de que los frentes electorales estén integrados por un mínimo de dos partidos políticos. La Corte entendió que la condición resulta razonable y responde al objetivo de garantizar una mayor representatividad de las fuerzas que participan en las elecciones.
Asimismo, descartó que exista una vulneración del principio de igualdad. Explicó que la ley establece el mismo tratamiento para quienes se encuentran en iguales circunstancias y contempla diferencias entre partidos políticos y alianzas electorales, por tratarse de figuras que presentan características distintas.
Quiénes cuestionaron la ley
Las acciones judiciales contra la Ley de Participación Democrática fueron presentadas por Carlos Raúl Zapata y Lourdes Ríos Ayllón, en el expediente CJS 978.543/26; Claudio Ariel Del Plá, en el expediente CJS 978.978/26; y Alejandro Patrón Costas, en el expediente CJS 978.881/26.
Con esta decisión, la Corte ratificó la validez constitucional del régimen electoral establecido por la Ley 8535 y respaldó las facultades de la Legislatura para definir las reglas de participación y representación política en la provincia.