Cerrado apoyo al segundo pedido de sobreseimiento de Miranda Ruiz
Un cerrado apoyo nacional recibió en Tartagal la médica Miranda Ruiz, imputada por el supuesto delito de “aborto sin consentimiento informado”. Organizaciones y su defensa afirman que no van a permitir que su caso llegue a juicio. Su defensa presentó un pedido de sobreseimiento al juzgado que deberá definir esta semana.
El pedido ingresó al Juzgado de Garantías de Tartagal, el viernes 11 de febrero, y tuvo un masivo acto de apoyo para la médica Miranda Ruiz, quien fue imputada por el fiscal Gonzalo Vega de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, por el supuesto delito de aborto sin consentimiento.
Entre quienes se solidarizaron en el acto realizado el 24 de febrero contra esta demanda en la ciudad norteña son las diputadas nacionales Verónica Caliva y Mónica Macha, los diputados provinciales Jorge Restom, Gladys Paredes y Santiago Vargas, el gerente del Hospital Juan Domingo Peron, Santiago Payo, entre otros.
Desde la defensa de la imputada, a cargo de las abogadas Paula Tackzeck y Emilia Tomezeck informaron que se presentó un segundo pedido de sobreseimiento a Ruiz que deberá evaluar y definir esta semana el Juzgado de Garantías 2 de Tartagal a cargo del juez, Héctor Mariscal Astigueta.
Sobre el caso, la propia médica Miranda Ruiz en diálogo con Nuevo Diario comentó que ya termina la etapa de instrucción al menos en los tiempos procesales como me explicaban que es de cuatro meses. "Es un momento adecuado para volver a pedir el sobreseimiento entonces. Tengo entendido que ya está en manos del juzgado que en esta semana va a tener que determinar si sí o si no”, explicó.
La médica adelantó que si el Ministerio Público Fiscal decide elevar la causa a juicio y el juzgado acepta la medida, apelará la decisión. “No dejaremos que la causa llegue a juicio”, le dijo en referencia a la estrategia que delinió la defensa de Ruiz durante la convocatoria de la semana pasada.
“Eso lo explicaron mis abogadas y me lo explicaron a mí también. No podemos avalar ese acto porque es anti jurídico, en una causa en donde no hay pruebas contra mí, en donde todo lo que se hizo fue irregular, en donde al contrario hay pruebas que demuestran mi inocencia, elevarlo a juicio es mucho, es una manera de seguir judicializándome”, sostuvo la médica.
La profesional imputada advirtió además que no ve posible que pueda perder el juicio en el caso llegue la instancia, pero destacó los inconvenientes que el trámite judicial le ha traído a su vida.
“El problema es que mientras siga el proceso yo tengo que ir una vez por semana a la fiscalía a firmar y no puedo salir de Tartagal sin autorización judicial. Es decir, mi vida no es normal por una causa judicial que no existe, que es anti jurídica, que no corresponde y que tiene una finalidad de disciplinar”, dijo a este medio Ruíz.
La imputación de Vega
A Ruiz la imputaron dos veces, una por delito de aborto y en la segunda oportunidad recibió una ampliación a delito de aborto sin consentimiento informado.
En esa instancia, el fiscal Vega recorrió los medios locales de Tartagal para brindar explicaciones sobre los argumentos que tuvo para las imputaciones que llevaba adelante contra la acusada. “Él dice que la paciente llegó al hospital, tomó las pastillas voluntariamente y luego se arrepiente, expulsa por las pastillas que toma y luego la médica le hace firmar el consentimiento”, dijo Ruiz sobre los argumentos de Vega.
“Habló de la declaración testimonial de la paciente en un juicio, me pareció a mi falta de ética”, dijo la médica sobre las declaraciones que tuvo el fiscal.
Ruiz por su parte desmintió la versión que habría hecho circular Vega y afirmó que según su defensa no hay delito penal que justifique la imputación. “Esa versión que dice el fiscal Vega no es cierta, no la ratifico, y en la causa ya está probado que no fue así. Segundo, si eso fuera cierto, tampoco hay un delito penal, no hay tipicidad me explican”, sostuvo la profesional.
“La primera imputación que me hace la fiscalía es por delito de aborto diciendo que la causal estaba mal justificada. Sin embargo, la causal fue justificada, fue avalada por la institución. Participamos de la toma de decisiones la psicóloga, la trabajadora social, yo como médica, el jefe del servicio de ginecología y obstetricia, en reunión con el gerente del hospital y el abogado del hospital, incluso hemos consultado con el supervisor de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud Pública de la provincia de Salta, quien también avaló la práctica”, ratifico la denunciada sobre su primera imputación.
En la segunda imputación de se amplía la causa a aborto sin consentimiento informado, la médica destaco que el procedimiento fue realizado con pastillas de misoprostol.
“Es decir, por el mismo procedimiento que se hace para abortar es imposible que alguien obligue a la mujer hacerlo porque el tratamiento son pastillas que se ponen abajo de la lengua por media hora ti luego se traga, y se repite cada tres horas hasta la expulsión fetal”, explicó.
El impacto en la práctica médica
Durante el acto en apoyo a Ruíz, la diputada provincial Paredes que también ejerce la medicina, aseveró que el antecedente de la imputación que está viviendo la profesional deja a pensar “hasta dónde podemos poner nuestro sello si luego la Justicia va a hacer esto”.
“La verdad que judicialicen algo que se hizo absolutamente de manera legal genera miedo en los profesionales de la salud, genere que uno trabaje no a conciencia sino en función de lo que puede hacer un medio de comunicación o una justicia, y eso no corresponde”, indicó Ruiz a este medio.
Por último afirmó sentirse apoyada por la comunidad de Tartagal y destacó como emotivo el apoyo que tuvo de referentes políticos y sociales en relación a su causa.
“La fiscalía no tiene pruebas para acusarme. Sus pruebas son relatos que se refutan con la historia clínica y con los testimonios de todos los que asistimos a la paciente.”, sentenció.