Nación busca descapitalizar el aparato productivo con el RIGI
Actualmente, uno de los temas más debatidos por estas horas en el Senado de la Nación es la aprobación de la “Ley de Bases” y su punto específico sobre El Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI).
Y hay que decirlo con claridad, los únicos que festejan este punto son los sectores asociados al extractivismo. Lo preocupante y lo que si me genera un cierto malestar es el silencio del gobierno provincial en este asunto.
Es evidente que Salta no tiene una planificación adecuada respecto a los sectores que hoy explotan los recursos naturales, principalmente la actividad minera, que junto a la agroindustria y la energía entran al sistema RIGI.
¿Por qué el RIGI atenta contra la posibilidad de desarrollo? Porque los proyectos de inversión que adhieran a este régimen de promoción no tendrán la obligación de ingresar los dólares de exportación a partir del tercer año, plazo mínimo en el cual se estima empiezan a madurar las inversiones. La obligación de liquidación de divisas en el Mercado Único Libre de Cambios es de 80% el primer año y 60% el segundo año, según el RIGI. Al mismo tiempo, hasta que este tipo de proyectos de inversión generen dólares en cantidad, es de varios años, por lo tanto resulta insignificante este requisito. Ni un dólar de exportación de los nuevos proyectos de inversión ingresará a la economía argentina. No servirán para abastecer de divisas a la plaza local ni aliviará las tensiones del crítico sector externo.
Este regalo fiscal a las grandes inversiones extractivas pone en riesgo la estabilidad productiva local, ya que el régimen no prevé ningún tipo de mecanismo de incentivo al agregado de valor local o el desarrollo de proveedores, por lo que podría considerarse una estafa y ruptura del modelo productivo local. Lejos de la "igualdad ante la ley", es un régimen que elige ganadores y perdedores, que genera ventajas artificiales para ciertas compañías en particular. En algunos casos, también son necesarios otros cambios legislativos para habilitar la explotación. Pero no necesitan incentivos fiscales, aduaneros o tributarios especiales a los que otros sectores no pueden acceder.
Dada las circunstancias, el gobierno de la provincia informa una Salta con alto desarrollo de la minería, y debo decir que quien escribe no está en contra de la actividad minera, pero es necesario identificar lo que está bien y mal; no tener una planificación de desarrollo conlleva un riesgo.
Desde un enfoque de protección a la producción local, habría que mencionarle al gobierno de la provincia que habría que asignar la responsabilidad fundamental de la acumulación de capital al ahorro interno y que observar al capital extranjero, en el marco de una estrategia de desarrollo, es un obstáculo más que un aporte a la ampliación y diversificación de la capacidad productiva.
En este escenario, el planteo del Gobierno nacional nos confrontó a una realidad, su intención es la descapitalización del aparato productivo, mayor extranjerización de la economía y en consecuencia una ruptura del tejido social.
Lo que menciona el Licenciado Félix González Bonorino en su artículo del día 20 de mayo, es un punto interesante para tirar del hilo, Salta no tiene planificación respecto a las expectativas e intereses de cada grupo social involucrado y agrego que si el gobierno de la provincia estima que el RIGI es un hecho favorable, no solo está desperdiciando la posibilidad de planificar la producción local y el desarrollo de la provincia si no que al mismo tiempo está poniendo en riesgo las posibilidades de crecimiento de las empresas locales, las fuentes de trabajo, la armonía ambiental y la estabilidad de las comunidades.
Ezequiel Frondizi, sociólogo