Por desaparición anulan sobreseimiento de un ex funcionario durante la dictadura

La resolución anulada, beneficiaba a Juan Carlos Alzugaray, considerado uno de los responsables del homicidio agravado de Héctor Ramón Pérez, quien fue director de Seguridad del penal de Villa Las Rosas.

Héctor Ramón Pérez desapareció después de manifestar sus desacuerdos con la estructura de poder de la que había formado parte, en particular, con la “Masacre de Palomitas”. Para los camaristas, hubo un “análisis parcial”, “descontextualizado” y “arbitrario” en la resolución cuestionada.

El caso gira en torno a la desaparición y homicidio de Pérez, quien, a la época de los hechos, se desempeñaba como Director de Seguridad de la Unidad Penitenciaria N°1 provincial, conocido como Villa Las Rosas, el cual era utilizado como centro clandestino de detención de dirigentes políticos perseguidos durante el terrorismo de Estado.

Pese a que formaba parte de una fuerza de seguridad que, en esos años, estaba integrada al plan criminal de la dictadura militar, Pérez igualmente fue perseguido y eliminado.

La razón de ello, según surge del procesamiento dictado por el juez Bavio, se explica en el cuestionamiento que la víctima manifestó a sus compañeros por los crímenes que se cometían, fundamentalmente, el emblemático caso de la “Masacre de Palomitas”, cuando un grupo de once presos políticos fue retirado el 6 de julio de 1976 del penal de Villa Las Rosas y ejecutado. Entre sus dichos, Pérez reflexionó con sus camaradas sobre lo que sucedería en el futuro si es que “se diera vuelta la torta”.

Fallo de Casación

Los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Daniel Petrone (presidente), Diego Barroetaveña y Alejandro Slokar, hizo lugar al recurso interpuesto por el Ministerio Público Fiscal y anuló la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta que había dispuesto el sobreseimiento en favor del imputado Juan Carlos Azulgaray, un exalcaide mayor del Servicio Penitenciario de la provincia de Salta que, entre otros antecedentes, fue condenado en 2011 a 20 años de prisión por su participación en la “Masacre de Palomitas”.

“Tampoco fue valorada adecuadamente” otra declaración, en la que se deja sentado que Pérez “se sentía muy presionado en su trabajo, que estaba en contra de lo que sucedía en la época y que quería renunciar al Servicio, pero no se lo permitían”, resaltó el magistrado. De acuerdo con la resolución, ese testigo destacó que luego de un mes o 20 días de la suspensión, Pérez desapareció, pero que antes le había manifestado que “estaba realizando unos trámites con gente de Buenos Aries para que le solucionaran el tema de la suspensión que consideraba injusta y que, si no era reincorporado, daría a conocer “ciertos temas” que sucedían en el penal de Salta”.

Para el fiscal, Apelaciones hizo una valoración errónea

Un testigo contó que días después de ocurrida la “Masacre de Palomitas”, pasó cerca de la oficina y vio a Alzugaray con otros penitenciarios cuando discutían con Pérez, quien “con voz violenta le preguntaba al imputado qué les iría a pasar cuando se diera vuelta la torta”.

El representante del MPF Eduardo Villalba, criticó que el tribunal de alzada se había apartado de las constancias de la causa e indicó que los jueces hicieron una valoración “errónea y arbitraria, por cuanto desvaloriza las declaraciones efectuadas, principalmente, por el testigo de identidad reservada y por la esposa de la víctima y además minimiza el contexto en el cual sucedieron los hechos”, cometidos “durante el terrorismo de Estado y el funcionamiento en términos reales del aparato organizado del poder imperante”. Destacó, al respecto, que para sobreseer a Alzugaray, “los jueces le otorgaron validez a la versión oficial del régimen represor sobre los hechos de los que fue víctima Pérez”.