Acusan al gobierno porteño de violación a la ley de inteligencia
Denunciaron la posible violación a la ley de inteligencia por parte de autoridades del Gobierno porteño en el marco de la utilización del sistema de reconocimiento facial de prófugos (SRFP), informaron fuentes judiciales.
El titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario (CAYT) N° 2 de la Ciudad de Buenos Aires, Roberto Gallardo, presentó la denuncia vía electrónica ante la justicia federal porteña, con sede en los tribunales de Comodoro Py, en horas de la tarde, por lo que se espera que sea sorteada este jueves tan pronto como inicie la actividad judicial.
El magistrado presentó la denuncia penal luego de conocida la noticia de su apartamiento, por parte de Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de Buenos Aires, de la causa en la que se investigan posibles irregularidades en el uso de datos biométricos por parte de la Ciudad de Buenos Aires en el marco del SRFP.
"La información recolectada incluso hasta este estado de la causa permite observar el posible uso indebido de los datos biométricos por parte de ciertos dependientes del Ministerio de Justicia y Seguridad de la CABA", sostuvo el juez Gallardo en el oficio que envió a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal para que se sortee la denuncia.
En el oficio al que accedió Télam, el juez Gallardo recordó que "el Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos será empleado únicamente para tareas requeridas por el Poder Judicial de la Nación, Provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como así también para detección de personas buscadas exclusivamente por orden judicial, registradas en la Base de Datos de Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas (Conarc)".
También puso de relieve que, de acuerdo a la normativa vigente, "salvo orden judicial, se encuentra prohibido incorporar imágenes, datos biométricos y/o registros de personas que no se encuentren registradas en el Conarc". En los últimos días el juez Gallardo había recibido los resultados del peritaje requerido a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en relación a los elementos secuestrados en la causa.