Agrupación Gaucha desmiente que haya desmanejo en El Carrileñazo
A través de un comunicado oficial, la Comisión Directiva aseguró que la institución “se encuentra en pleno y normal funcionamiento” y advirtió que iniciará acciones legales si continúan las publicaciones que considera falsas.
El pronunciamiento se produce en un contexto de fuerte polémica en El Carril, luego de que trascendieran informes sobre presuntos desmanejos económicos, deudas millonarias y falta de balances durante varios años, vinculados incluso a la organización del tradicional festival “El Carrileñazo”.
En su comunicado, la entidad sostuvo que lo publicado por medios como Informate Chicoana o Valle de Lerma Hoy “es falso y carece de veracidad”.
A la vez, cuestionó que no se hayan comunicado con la institución para chequear la información antes de difundirla.
Para respaldar su postura, la Comisión Directiva citó la Resolución Nº 80/26 de la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ), organismo que -según indicaron- reconoce “plenamente todo lo tratado y aprobado en la Asamblea realizada el 31 de octubre de 2025”.
Entre los puntos validados se encuentran balances, memorias, inventarios e informes, además de la designación de las actuales autoridades.
En esa línea, señalaron que, a partir de dicha resolución, la Comisión Directiva electa fue formalmente notificada para asumir funciones, mientras que la Comisión Normalizadora cesó en sus tareas tras cumplir su objetivo, debiendo ahora presentar el cierre de su gestión y la rendición correspondiente.
Uno de los aspectos más contundentes del comunicado apunta contra denuncias públicas realizadas por la dirigente Marianela Lescano y otras personas.
Desde la agrupación afirmaron que esas manifestaciones “resultan falsas y constituyen expresiones difamatorias sin sustento”.
La institución también remarcó que su conducción actual cuenta con legitimidad legal, al haber sido elegida en asamblea y reconocida por el organismo competente, y reafirmó su compromiso con la “transparencia, la legalidad y el fortalecimiento institucional”.
Días atrás, un informe de la IGPJ había encendido las alarmas en la comunidad al advertir sobre un “caos administrativo” en la entidad, con balances sin presentar desde 2018 hasta 2025, pérdidas superiores a los 71 millones de pesos y deudas que superarían los 174 millones.
El documento también puso bajo la lupa el manejo de fondos provenientes de actividades como el festival “El Carrileñazo”, bailes populares y alquileres de la sede, señalando la falta de acreditación sobre el destino de esos recursos.
En ese marco, el organismo había dispuesto el cese de la Comisión Normalizadora e intimado a la entrega de documentación, fondos y bienes a las nuevas autoridades en un plazo que vence el próximo 13 de mayo, además de exigir una rendición detallada de cuentas.