Alerta máxima en el colectivo de personas con TEA por anuncios de restricciones en salud
El reciente anuncio del gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, de nuevas restricciones en el sistema de salud ha suscitado críticas y temores de vulneración de derechos para personas con discapacidad.
Luis González, referente de Padres TGD TEA Salta, advirtió en diálogo con Nuevo Diario sobre las graves implicancias de estas normativas, especialmente para quienes dependen de la cobertura de tratamientos para el Trastorno del Espectro Autista (TEA). En sus palabras, “este decreto es ampliamente avasallador”, y enfatiza que estas restricciones afectan de manera directa a las familias con menores ingresos, quienes ahora deben enfrentarse a un sistema desregulado y a la falta de especialistas en autismo en las cartillas de las obras sociales. “Vos, usted con el Plan Médico Obligatorio, accede a las prestaciones, n el caso de discapacidad al 100%. Es el más bajo de los planes para las obras sociales. Pero ahora esta desregulación va a poner más trabas, al momento de aprobar las terapias”, alertó González, señalando que las nuevas disposiciones habilitan a las obras sociales a reducir el número de sesiones terapéuticas y crear un “nomenclador paralelo” que podría imponer aún más barreras a la atención integral.
Barreras de acceso a especialistas en TEA y limitaciones en tratamientos
La falta de médicos especializados en TEA dentro de las cartillas y la imposibilidad de elegir libremente un profesional son otros puntos críticos, según detalló el referente.
González lamentó que las nuevas disposiciones alejan aún más a las familias de los especialistas capacitados que tanto necesitan, afirmando que “sabemos que no hay expertos en autismo o especialistas en autismo dentro de las cartillas de los prestadores o de las obras sociales. Esto dificulta más a la hora de buscar profesionales que estén formados, capacitados y sean entendidos en la temática TEA”. Además, González recordó las demoras en la aprobación de las prestaciones, que antes se daban de noviembre a abril, y teme que este plazo ahora sea incluso más prolongado debido a la desregulación del sistema: “Imagínense lo que va a ser ahora porque está todo totalmente desregulado”. El referente enfatizó que este cambio “avanza cada vez más fuerte contra las personas y las familias de las personas con discapacidad”.