Alerta por los comercios libres de impuestos y su impacto en el norte
El diputado provincial Matías Monteagudo propuso crear una mesa de trabajo para analizar el impacto que tendría la instalación de tiendas libres de impuestos en las fronteras. La preocupación se concentra en Salvador Mazza, Orán, Los Andes y Rivadavia, donde una eventual competencia con productos más baratos podría profundizar la crisis del comercio local.
La posible instalación de comercios libres de impuestos en distintos pasos fronterizos del país comenzó a generar preocupación entre empresarios, comerciantes y dirigentes políticos del norte salteño. El diputado provincial Matías Monteagudo presentó un proyecto para que Salta conforme una Mesa Provincial de Comercio y Desarrollo Fronterizo, con el objetivo de conocer cómo se aplicará el nuevo régimen nacional y evitar que termine perjudicando a una economía regional que, según advirtió, ya se encuentra fuertemente golpeada.
La discusión surgió a partir del Decreto Nacional 438/2026, publicado en junio, mediante el cual el Gobierno nacional facultó al Ministerio de Economía y a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero —ARCA— a autorizar la apertura de tiendas libres de impuestos en zonas fronterizas. Aunque todavía no se precisó en qué lugares se habilitarán, la medida podría alcanzar a departamentos salteños con pasos internacionales, como General San Martín, Orán, Los Andes y Rivadavia.
¿Qué es un duty free y cómo funciona?
Un duty free —expresión en inglés que significa “libre de impuestos”— es un comercio autorizado para vender determinados productos sin aplicar total o parcialmente algunos tributos que normalmente están incluidos en el precio final. Por esa razón, artículos como perfumes, bebidas, indumentaria, productos electrónicos, golosinas o cosméticos pueden ofrecerse a valores inferiores a los de una tienda convencional.
Estos locales son habituales en aeropuertos internacionales, pero el decreto abre la posibilidad de habilitarlos también en pasos y zonas fronterizas terrestres. La diferencia de precios puede convertirlos en una alternativa atractiva para viajeros y habitantes de la región, pero también podría generar una competencia desigual con los comercios locales, que sí deben afrontar impuestos nacionales, provinciales y municipales, alquileres, servicios y otros costos habituales.
La inquietud planteada en Salta no parte de un rechazo automático al régimen, sino de la falta de información sobre su implementación. Todavía no está claro dónde se instalarán las tiendas, quiénes recibirán las autorizaciones, qué productos podrán vender, quiénes estarán habilitados para comprar ni de qué manera se protegerá a los comerciantes que ya trabajan en las localidades fronterizas. “Tenemos que estar atentos y con la guardia en alto para que la implementación de estos duty free no afecte a los comercios que ya están en la frontera”, sostuvo Monteagudo, quien señaló que el decreto no especifica si el régimen alcanzará a Salvador Mazza, Orán, Los Andes o Rivadavia.
Una mesa provincial para abordar la temática
El legislador presentó el expediente 91-54.519/26, un proyecto de declaración que propone conformar una Mesa Provincial de Comercio y Desarrollo Fronterizo. La intención es reunir al Gobierno provincial, legisladores, intendentes, centros empresariales y comerciantes para elaborar una posición conjunta, recopilar información técnica y realizar un seguimiento de las decisiones que adopte la Nación.
Monteagudo remarcó que ni siquiera el personal de ARCA en Salvador Mazza contaría hasta el momento con información precisa sobre el mecanismo que se aplicará. Por eso, consideró necesario que Salta intervenga antes de que el régimen comience a funcionar y las decisiones ya estén tomadas. “A ciencia cierta no sabemos cómo se va a implementar, quiénes van a ser los beneficiados, si son grupos económicos de afuera o si será una mesa de trabajo con gente de acá, y quiénes van a trabajar en estos duty free”, explicó.
La futura integración de estas tiendas es uno de los puntos centrales del reclamo. Los sectores comerciales quieren conocer si las autorizaciones quedarán en manos de grandes compañías externas o si también podrán participar empresarios y trabajadores de las localidades fronterizas. La diferencia no es menor: el proyecto podría convertirse en una herramienta para generar empleo y movimiento económico o, por el contrario, concentrar las ventas y desplazar a negocios que llevan años funcionando en la zona.
En alerta
Las localidades del norte provincial dependen en buena medida del intercambio fronterizo, pero ese movimiento se redujo durante los últimos años. A la caída del consumo se suman las diferencias cambiarias, los costos logísticos y la pérdida de actividad comercial tanto del lado argentino como del boliviano.
En ese escenario, la aparición de establecimientos con ventajas impositivas podría quitarles clientes a supermercados, perfumerías, comercios de indumentaria, casas de electrónica y otros negocios instalados en la región. El problema no sería la venta más barata en sí misma, sino que unos establecimientos quedarían exceptuados de gravámenes mientras los demás continuarían soportando la carga tributaria completa. “Lo importante es que las decisiones que se toman en Capital Federal no afecten a la economía bastante golpeada que tenemos en la zona de frontera. No vemos el movimiento que teníamos años atrás y queremos que sean decisiones para reactivar la región”, manifestó Monteagudo.