Amenazas en Metán: un dato sobre la línea telefónica complica al imputado
La investigación judicial por las amenazas dirigidas al intendente de San José de Metán, José María Issa, sumó un nuevo elemento. La línea telefónica utilizada para enviar los mensajes intimidatorios habría sido activada por el propio imputado.
La causa está a cargo del fiscal penal 2, Gonzalo Gómez Amado, quien imputó de manera provisional a Sergio Reinaldo Márques, de 42 años, por dos hechos de amenazas agravadas. El acusado permanece detenido mientras avanzan las medidas dispuestas en el expediente.
La investigación se inició a partir de la denuncia presentada por Issa, quien aseguró haber recibido mensajes intimidatorios en su teléfono personal, con referencias directas a su entorno familiar.
Entre los textos, uno de los más preocupantes advertía: “Cuidá a tu familia”.
Posteriormente, el subsecretario de Seguridad, Federico Delgado, también se presentó en la causa al denunciar comunicaciones similares, en las que se lo instaba a abandonar su cargo.
Uno de los puntos que complica la situación del imputado es que la línea desde la cual se enviaron los mensajes habría sido gestionada por Márques. Esta información se encuentra en las pruebas que analiza la fiscalía, según informó Expresión del Sur.
Avances en la causa
En el marco de la investigación, se realizó un allanamiento en el domicilio del acusado. Allí, secuestraron teléfonos celulares y tarjetas SIM que quedaron incorporados al expediente para su análisis pericial. Márques se encuentra en la Unidad Carcelaria N° 2 y, durante la audiencia, asistido por el defensor oficial Edgardo Martínez, decidió no prestar declaración.
Por su parte, el intendente Issa se constituyó como querellante con el patrocinio del abogado Nicolás Ruiz.
El juez de Garantías interviniente, Mario Dilascio, resolvió mantener la detención del imputado mientras continúan las diligencias. Entre ellas: pericias sobre los dispositivos secuestrados y otras medidas orientadas a reconstruir la secuencia de los hechos.
Según establece el Código Penal, el delito de amenazas agravadas en estas condiciones contempla penas de hasta tres años de prisión