Ante reclamos, Santa Victoria Este prohibió la venta de alcohol etílico
El municipio reglamentó una ordenanza que contempla decomisos, multas y clausuras. La medida llega en un contexto de denuncias sobre consumo problemático entre niños y niñas wichí y pedidos de atención sanitaria sostenida.
El reclamo de las comunidades originarias de Santa Victoria Este se convirtió en una herramienta de control municipal: la comuna reglamentó la ordenanza que prohíbe la comercialización y distribución de alcohol etílico y establece sanciones para quienes incumplan. La decisión busca proteger a niñas, niños, adolescentes y jóvenes en un territorio donde las advertencias sobre el consumo problemático se entrelazan con demandas de atención sanitaria, prevención y acompañamiento permanente. La medida fue informada por el Gobierno de Salta, cuya Subsecretaría de Derechos Humanos participó del proceso junto con el municipio y las comunidades. Su implementación ocurre en un contexto de preocupación expresada por mujeres wichí y organizaciones humanitarias, que vienen señalando la exposición de las infancias a sustancias y la necesidad de respuestas que alcancen tanto a quienes las comercializan como a las condiciones de desprotección en las que crecen muchos chicos.
Controles y sanciones
Se realizarán controles y sanciones para la comercialización, e inhabilitaciones, además de clausuras en los casos previstos por la ordenanza. La aplicación estará a cargo de la Policía de la Provincia de Salta, mediante un convenio de cooperación que establece su intervención en las tareas de control y en la ejecución de las medidas, en articulación con el municipio.
El intendente Rogelio Nerón vinculó la decisión con los pedidos que las comunidades venían realizando. “Esta reglamentación responde a una necesidad que nuestras comunidades vienen planteando y nos permite contar con herramientas concretas para controlar la comercialización de alcohol etílico y fortalecer las acciones de prevención y cuidado en nuestro municipio”, sostuvo. El anuncio oficial no precisó los montos de las multas ni detalló eventuales excepciones a la prohibición. El alcance informado corresponde a la comercialización y distribución de alcohol etílico, por lo que no debe confundirse con una prohibición general de venta de bebidas alcohólicas. Por su parte, la subsecretaria de Derechos Humanos, Mirta Noemí Mejías, planteó que la intervención debe contemplar las condiciones de vida de las comunidades. “La protección de derechos también implica trabajar sobre las condiciones que afectan la vida cotidiana de las comunidades”, afirmó, y señaló que la reglamentación es resultado de un trabajo articulado para fortalecer la prevención y el cuidado de las nuevas generaciones.
La advertencia de las mujeres wichí
Días antes del anuncio, la organización ENASHU – Ayuda Médico Humanitaria había difundido un comunicado sobre la situación de las infancias en Santa Victoria Este. Allí recogió denuncias de mujeres wichí que advierten que el consumo problemático comienza desde los nueve años y mencionó la circulación de nafta, alcohol etílico y drogas en un contexto atravesado por la falta de oportunidades, agua segura y atención sostenida. La organización también recordó advertencias anteriores de referentes comunitarios sobre niños de apenas siete años con consumos problemáticos y sobre la venta de nafta destinada a iniciarlos en esas prácticas. Se trata de señalamientos incluidos en su comunicado, que describen una preocupación previa a la reglamentación municipal y ponen en primer plano la demanda de protección de las propias comunidades.
Desde su experiencia de trabajo sanitario en el norte y la presencia de voluntarios en Salta, ENASHU sostuvo que la pobreza, el aislamiento y la desprotección incrementan la vulnerabilidad de niños y adolescentes frente a quienes lucran con el consumo. “Cuando un negocio encuentra clientes entre los chicos, toda la comunidad está en peligro”, expresó la entidad.
El planteo desplaza la responsabilidad de las infancias hacia quienes se benefician de esa vulnerabilidad y hacia las respuestas que deben garantizar los organismos públicos. Las mujeres que denuncian y las comunidades que reclaman aparecen, en ese escenario, como protagonistas de la búsqueda de medidas para cuidar a sus hijos e hijas.
La reglamentación incorpora instrumentos para intervenir sobre la comercialización del alcohol etílico, aunque el reclamo humanitario abarca una respuesta más amplia. ENASHU pidió prevención, salud mental, tratamiento, escuela, presencia territorial y protección real de la infancia, componentes que requieren continuidad más allá de los operativos y las sanciones.
El Gobierno provincial encuadró la medida dentro de sus políticas territoriales de promoción y protección de derechos. Sin embargo, el comunicado sobre la reglamentación no detalló nuevos dispositivos de tratamiento, equipos sanitarios específicos ni recursos adicionales para acompañar a niños, niñas y adolescentes que ya atraviesan situaciones de consumo problemático.