ATE pidió la intervención del Gobernador para frenar el desalojo del INTI en Salta
El Consejo Directivo Provincial de ATE Salta solicitó la intervención del gobernador Gustavo Sáenz para evitar el desalojo de la sede del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), ubicada en una casona del Parque Industrial de la ciudad de Salta.
La medida, impulsada por el Gobierno nacional, prevé que el inmueble sea desocupado y que los trabajadores pasen a desempeñar sus funciones bajo la modalidad de teletrabajo. La decisión, según denunciaron, pone en riesgo servicios estratégicos para la provincia.
El desalojo del personal y de los bienes del organismo estaba previsto para este viernes, mientras que la entrega formal del inmueble debería concretarse el lunes.
La sede del INTI funciona desde 2010 en una casona ubicada dentro del Parque Industrial. Al inmueble lo cedió la Provincia mediante un contrato de comodato.
Sin embargo, en marzo de este año el interventor del Parque Industrial, Carlos Mateo, comunicó la rescisión unilateral del convenio, argumentando la falta de mantenimiento del edificio.
Según trascendió, el Gobierno provincial tendría previsto destinar la histórica casona a un museo, ya que se trata de una construcción anterior a la creación del Parque Industrial y que fue acondicionada por el propio INTI cuando comenzó a funcionar allí.
No obstante, los delegados del organismo sostienen que la rescisión hace referencia a un comodato firmado en 2023 correspondiente a otro predio que ya se restituyó, y no al edificio donde actualmente funciona la delegación salteña.
Nación ordenó el cierre de la sede y el teletrabajo
La decisión de abandonar el inmueble se comunicó esta semana por el subgerente de Asistencia Regional NOA del INTI, Ramiro Casoliba, durante una videoconferencia con los 25 trabajadores del organismo en Salta.
En esa reunión se informó que el personal debía retirar sus pertenencias y comenzar a desempeñar sus tareas desde sus domicilios bajo la modalidad de teletrabajo.
Los trabajadores consideran que esta medida constituye una estrategia para desmantelar la delegación provincial y facilitar su cierre definitivo.
Aseguran que muchas de las tareas que realiza el organismo requieren laboratorios, equipamiento especializado y atención presencial, por lo que no pueden desarrollarse de manera remota.
Desde ATE advirtieron que el cierre de la sede afectaría directamente distintas actividades técnicas que resultan fundamentales para la producción y la economía salteña.
Entre ellas mencionaron los análisis de calidad y potabilidad del agua que el organismo realiza mediante convenios con el Ente Regulador de los Servicios Públicos.
También señalaron que se verían comprometidos los controles de calidad para la industria tabacalera, la certificación técnica de exportaciones cerealeras, la verificación de surtidores de combustibles y balanzas comerciales, además del asesoramiento técnico a proveedores del sector minero y el desarrollo de tecnologías vinculadas al acceso al agua en distintos municipios.
ATE pidió la intervención del gobernador
En una nota dirigida al gobernador Gustavo Sáenz, el gremio sostuvo que las decisiones vinculadas al ajuste del Estado nacional exceden las competencias de la Provincia. Sin embargo, recordaron que el inmueble se cedió precisamente por la importancia de las funciones que cumple el INTI en Salta.
Además, ATE remarcó que existe una medida cautelar dictada por el Juzgado Federal de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, que prohíbe modificar las condiciones laborales de los trabajadores del organismo hasta noviembre próximo, incluyendo cambios en el lugar de prestación de servicios.
Por ese motivo, consideró que la orden de implementar el teletrabajo podría vulnerar esa resolución judicial.
Los trabajadores decidieron permanecer en la sede
En una asamblea realizada con el respaldo del Consejo Directivo Provincial de ATE y de la Junta Interna del INTI, los trabajadores resolvieron permanecer en sus puestos y no entregar el patrimonio institucional.
Mediante un comunicado, afirmaron que abandonar el edificio representaría el primer paso hacia el cierre de las delegaciones del organismo en las provincias.
Asimismo, informaron al Gobierno provincial sobre la vigencia de la medida cautelar y advirtieron que cualquier intento de impedir el ingreso del personal o forzar el desalojo será responsabilidad de las autoridades competentes.
Mientras tanto, el conflicto continúa abierto y genera preocupación entre los trabajadores, quienes sostienen que el eventual cierre de la sede afectaría tanto la continuidad de sus fuentes laborales como la prestación de servicios técnicos considerados esenciales para distintos sectores productivos de Salta.