Campesinos del Chaco salteño alertan por desalojos y sequía
Durante una asamblea realizada en Fortín Dragones, productores rurales reclamaron la renovación de la suspensión de desalojos, advirtieron sobre el impacto de la sequía y pidieron mayor presencia del Estado en la región.
La creciente preocupación por la situación de las familias rurales del norte provincial quedó reflejada en una asamblea campesina realizada el pasado 30 de mayo en Fortín Dragones, donde productores y referentes del Chaco salteño analizaron problemáticas vinculadas a la tenencia de la tierra, la emergencia hídrica, el acceso a servicios públicos y las dificultades que enfrenta la juventud para desarrollarse en sus comunidades.
El encuentro fue convocado por el Frente Nacional Campesino (FNC) y reunió a representantes de distintos parajes de los departamentos San Martín y Rivadavia, quienes coincidieron en la necesidad de profundizar las gestiones ante organismos provinciales y nacionales para encontrar soluciones a los conflictos que afectan a las familias campesinas.
Uno de los principales ejes de debate fue la inseguridad jurídica sobre las tierras que ocupan numerosas familias criollas.
Durante la asamblea se expusieron casos de posibles desalojos judiciales y extrajudiciales en distintas localidades de Fortín Dragones, Padre Lozano, Pluma de Pato y Rivadavia Banda Norte.
Los productores sostuvieron que muchas de estas familias habitan y trabajan los predios desde hace generaciones y reclamaron políticas públicas orientadas a la regularización dominial. En ese sentido, cuestionaron los procesos históricos de privatización de tierras fiscales en el Chaco salteño y advirtieron sobre la persistencia de conflictos por la posesión de inmuebles rurales.
Reclamo por la renovación de la suspensión de desalojos
Los participantes también manifestaron su preocupación por la falta de tratamiento legislativo del artículo 9 de la Ley Provincial 7.658, que establece la suspensión de desalojos judiciales contra pequeños productores rurales.
Según señalaron, la iniciativa contaba con media sanción del Senado desde fines de 2025, pero aún no se abordó por la Cámara de Diputados.
Por ello, insistieron en la necesidad de que la norma sea renovada para brindar mayor seguridad a las familias campesinas.
La sequía agrava la situación productiva
Otro de los temas que generó inquietud fue el avance de la sequía en distintas zonas del Chaco salteño.
Durante la reunión se estimó que cerca del 70% de los puestos campesinos ya sufren las consecuencias del déficit hídrico debido a las escasas precipitaciones registradas en los últimos meses.
Los productores advirtieron que la falta de agua y de forraje para los animales, sumada al incremento de los costos del combustible utilizado para el bombeo, está afectando seriamente la actividad ganadera y la subsistencia de numerosas familias.
Oficina de SENASA en Fortín Dragones
En materia productiva, los asistentes también analizaron la implementación de la caravana electrónica obligatoria dispuesta por el SENASA para el control del ganado.
Si bien valoraron la importancia de la medida, plantearon la necesidad de contar con capacitaciones específicas para los productores y reclamaron la instalación de una oficina del organismo en Fortín Dragones.
Actualmente, los trámites deben realizarse en Tartagal, lo que implica traslados y costos que muchos pequeños productores consideran difíciles de afrontar.
Situación de los jóvenes
La asamblea dedicó además un espacio al análisis de la realidad que atraviesa la juventud rural.
Los referentes expresaron preocupación por la falta de oportunidades para acceder a estudios terciarios y universitarios, así como por los elevados niveles de desempleo y la escasez de alternativas laborales en la región.
Según plantearon, esta situación empuja a muchos jóvenes a migrar hacia centros urbanos en busca de mejores perspectivas de formación y trabajo.
Rechazo a un proyecto nacional
Durante el encuentro también se cuestionó el proyecto de ley denominado “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, actualmente en debate a nivel nacional.
Desde el FNC sostuvieron que la iniciativa podría facilitar desalojos rápidos contra poseedores históricos de tierras rurales y consideraron que beneficia principalmente a grandes propietarios y corporaciones económicas, en detrimento de pequeños productores.