Comunidad Originaria Eva Perón denuncia amenazas por nuevo conflicto territorial
Un nuevo conflicto territorial indígena genera preocupación en el norte de Salta. Integrantes de la Comunidad Originaria Eva Perón, perteneciente al pueblo wichí, y familias de otras comunidades denunciaron amenazas de represión durante un procedimiento policial realizado en la ciudad de Embarcación, departamento San Martín.
El episodio ocurrió el martes 11 de agosto en un terreno situado en la zona conocida como El Tanque–Eva Perón, a la vera de la Ruta Nacional 34. Las familias aseguran que reclaman ese espacio para construir viviendas y sostienen que cuentan con documentación vinculada con el territorio. Según relató la referente wichí Claudia Aparicio, las comunidades habían comenzado a limpiar el predio para preparar los terrenos. Sin embargo, cuando regresaron al lugar fueron interceptadas por personal policial, que entregó una cédula de notificación a Aparicio.
Una medida preventiva y muchos interrogantes
La documentación difundida indica que la Comisaría N.º 1 de Embarcación, dependiente del Distrito de Prevención 14, notificó a la referente sobre una disposición de carácter preventivo. De acuerdo con el texto, y conforme a una directiva atribuida a la Fiscalía Federal a cargo del doctor Lamas, Aparicio debía abstenerse de realizar construcciones, modificaciones, ocupaciones, delimitaciones o demarcaciones dentro del terreno. La cédula advierte, además, que el incumplimiento podría dar lugar a acciones legales y menciona la eventual configuración del delito de usurpación. Sin embargo, el documento exhibido no permite establecer por sí solo cuál es el expediente completo, quién solicitó la medida, cuál es la situación dominial del inmueble ni de qué manera fueron consideradas la carpeta técnica y la documentación que las familias afirman poseer.
Esos interrogantes forman parte central del reclamo: las comunidades exigen conocer el expediente, la autoridad que impulsó la intervención y el alcance jurídico de la disposición.
“Si no salíamos, nos iban a reprimir”
Aparicio sostuvo que, durante el procedimiento, explicó a los efectivos que las familias contaban con documentación y que el lugar formaba parte de un reclamo territorial indígena. Según su testimonio, ese planteo no habría sido atendido y los presentes fueron advertidos de que serían reprimidos si no abandonaban el terreno. Ante esa situación, la referente decidió retirarse junto con las familias para evitar una confrontación y preservar su integridad.
Posteriormente se ubicaron frente al sector reclamado, donde continuaron manifestándose de manera pacífica.
El terreno está situado cerca del barrio Eva Perón y de otros sectores poblados de Embarcación. Las familias aseguran que necesitan tierras donde construir sus viviendas, garantizar condiciones dignas de vida y preservar su organización comunitaria. También solicitaron la intervención de la Secretaría de Asuntos Indígenas y del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta —IPPIS— para que se revise la documentación, se determine la situación jurídica del inmueble y se abra una instancia de diálogo. El reclamo incluye garantías para la integridad de las familias y referentes, respeto por sus derechos territoriales y la búsqueda de una solución institucional que evite enfrentamientos.
El conflicto no puede ser analizado únicamente desde una posible acusación de usurpación. El artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan. El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, incorporado mediante la Ley 24.071, también establece derechos vinculados con los territorios tradicionalmente ocupados y con la participación de los pueblos indígenas en las decisiones que puedan afectarlos. A ese marco se suman el artículo 18 del Código Civil y Comercial, la Constitución de Salta y la legislación provincial. En diciembre de 2024, el Gobierno nacional dictó el DNU 1083/2024, que derogó el decreto que prorrogaba la emergencia territorial y declaró finalizada la suspensión de desalojos prevista por la Ley 26.160. Esto eliminó aquella protección extraordinaria, pero no dejó sin efecto los derechos territoriales reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales. Boletín Oficial de la República Argentina. En enero de 2025, el propio Gobierno salteño reconoció que las carpetas técnicas elaboradas durante la vigencia de ese régimen constituyen elementos relevantes y deben ser consideradas ante eventuales conflictos territoriales.
También anunció estrategias conjuntas entre Asuntos Indígenas y el IPPIS para asistir a comunidades expuestas a desalojos.
El episodio de Embarcación se produce en medio de una creciente preocupación por los conflictos territoriales indígenas en Salta.
En Embarcación, las familias anticiparon que permanecerán organizadas y continuarán reclamando respuestas. “Esta lucha va a continuar”, expresaron.