La comunidad Lule de Las Costas logró frenar las demoliciones en la zona
La comunidad Xitta Lule anunció que logró detener las demoliciones de viviendas después de movilizarse a Ciudad Judicial. David Torres denunció que Salta desconoce derechos territoriales reconocidos, cuestionó la cesión de tierras a Tigres Rugby Club y reclamó que se investigue quiénes contaminan la reserva.
En Finca Las Costas, la defensa del territorio se volvió también una cuenta regresiva para evitar que las familias vieran caer sus casas. Con notificaciones cuyo plazo vencía el 28 de octubre, la comunidad Xitta Lule llegó a las puertas de Ciudad Judicial acompañada por organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos, y salió de una reunión con la jueza Guadalupe Villagrán con un anuncio: “Hemos frenado la demolición de las casas de los hermanos”.
La apertura del diálogo trajo alivio, aunque la comunidad mantiene el estado de asamblea, alerta y movilización, porque detrás de las intimaciones sigue abierto un conflicto que involucra derechos indígenas, contaminación ambiental, urbanizaciones y casi nueve hectáreas que la Provincia autorizó a entregar en comodato a Tigres Rugby Club.
David Torres, referente de la comunidad, describió en diálogo con la periodista Lorena Medina, una acumulación de decisiones que, desde su perspectiva, tienen un denominador común: el Estado reconoce la identidad indígena y releva el territorio, pero después actúa como si esos antecedentes no existieran. Su cuestionamiento alcanza a las actuaciones sobre las viviendas y a una forma de decidir el futuro de Las Costas en la que, asegura, quienes viven allí quedan relegados.
“Le pedimos al Estado seriedad, porque no puede ser que ciertos derechos existan y otros no”, sostuvo. Para Torres, la discusión atraviesa la historia de las familias, sus condiciones de vida y la posibilidad de seguir habitando un espacio con el que mantienen una relación ancestral: “Ellos hablan de tierra y nosotros de territorio”.
Una movilización que abrió el diálogo
El viernes, la comunidad marchó a Ciudad Judicial junto con organizaciones que acompañaron el reclamo contra las demoliciones. En el comunicado posterior informó que había logrado un espacio de diálogo con Villagrán y que se comprometió a colaborar con la investigación sobre los orígenes y los responsables de la contaminación en Finca Las Costas. La comunicación incorporó una precisión relevante: según lo expresado por la comunidad, la jueza informó que no había sido su despacho el que dispuso el contenido de las notificaciones ni las medidas expresadas en ellas. Esa aclaración forma parte del relato comunitario sobre la reunión y deja planteada la necesidad de esclarecer cómo se instrumentaron las intimaciones que recibieron las familias. “Por nuestro lado, la comunidad realizará una presentación colectiva y se pondrá a disposición”, señalaron, al tiempo que anunciaron la elaboración de una propuesta de manejo de la Reserva de Usos Múltiples de Finca Las Costas para el cuidado del ambiente. La participación en la investigación y el compromiso con la preservación del lugar quedaron así incorporados a la respuesta comunitaria. El anuncio de que se habían frenado las demoliciones fue acompañado por un agradecimiento a sindicatos, organizaciones sociales, jubilados, organismos de derechos humanos, partidos políticos, movimientos feministas y vecinos. “La fuerza colectiva paró al sistema capitalista y extractivista”, expresaron en el cierre del pronunciamiento, que ratificó la continuidad de la organización en defensa del territorio.
“Nuestra posesión es ancestral”
Torres insistió en que el reclamo tiene fundamentos históricos, científicos y jurídicos que deben ser considerados antes de avanzar sobre las familias. Mencionó el relevamiento realizado en el marco de la Ley 26.160, documentación del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y aportes de la Escuela de Antropología que, según explicó, respaldan la ocupación ancestral. “Nuestra posesión es ancestral; esto le puede sonar a sorpresa a la gente, pero la Escuela de Antropología elevó un informe y tiene fundamentos científicos”, afirmó. Describió, además, que el paisaje de Las Costas es resultado de una convivencia prolongada entre la comunidad y la naturaleza, con prácticas que forman parte de su historia y de su organización cotidiana. El relevamiento, explicó, incluye un mapa georreferenciado que identifica los catastros ocupados, las zonas de aguada y de recolección de leña, los espacios de prácticas religiosas y las actividades comunitarias. Torres mencionó la resolución 1020 del INAI entre los antecedentes que invocan y remarcó que ese trabajo se desarrolló con intervención estatal: “Hemos trabajado junto con la Provincia”. El marco constitucional reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan. El artículo 75, inciso 17, también establece que debe asegurarse su participación en la gestión de los recursos naturales y en los demás intereses que los afecten.
Sobre esa base, Torres cuestionó que las notificaciones y las decisiones administrativas se dirijan a los integrantes de la comunidad sin contemplar sus derechos colectivos. A su entender, la Provincia incurre en un retroceso cuando omite los antecedentes que el propio Estado contribuyó a construir.
La contaminación que se investiga y sobre quién recae
El frente ambiental es uno de los puntos centrales del conflicto. Las intimaciones conocidas durante octubre fueron emitidas por la Secretaría de Ambiente de Salta y exigían paralizar y demoler viviendas, accesorios o ampliaciones en un sector de la reserva, bajo apercibimiento de hacer cumplir la medida mediante la fuerza pública. Las actuaciones se enmarcan en una cautelar dictada en 2020.
Torres cuestionó que ese proceso derive en medidas contra las familias indígenas y criollas sin que, a su entender, se investiguen con la misma profundidad otras fuentes de contaminación. Denunció que al territorio llegan aguas servidas provenientes de barrios cerrados de San Lorenzo y señaló responsabilidades de las autoridades municipales que autorizaron esas urbanizaciones. También sostuvo que el ente regulador había requerido obras frente a desbordes cloacales y reclamó que esas circunstancias sean contempladas en la investigación. “Sigue cargando las responsabilidades sobre las familias que viven hacinadas hace años”, cuestionó al referirse al desarrollo del proceso, que la comunidad percibe como una persecución. En la entrevista situó en unas 50 familias el alcance de la amenaza que venían denunciando y explicó que las notificaciones recibidas tenían como fecha límite el 28 de octubre. En ese escenario, reclamó una investigación seria e imparcial que determine de dónde proviene la contaminación y quiénes deben responder por ella. El compromiso asumido después de la movilización apunta precisamente a intervenir en esa búsqueda: la comunidad anunció que acompañará la investigación y elaborará una propuesta de manejo ambiental. La defensa de las viviendas y el cuidado de la reserva aparecen, en su planteo, como partes de una misma responsabilidad sobre el lugar que habitan.
Casi 9 has para Tigres Rugby Club
Otro de los conflictos que atraviesa Las Costas es la autorización para que Tigres Rugby Club amplíe sus instalaciones. La Ley provincial 8543 habilita al Ejecutivo a otorgar en comodato por 25 años casi nueve hectáreas sobre un territorio reclamado por la comunidad Lule. La figura prevista es una cesión de uso, no una donación de la propiedad.
Torres afirmó que el sector involucra tierras en las que viven 18 familias y sostuvo que la comunidad presentó un planteo de inconstitucionalidad que se encuentra en la Corte de Justicia de Salta. También señaló que desde el ámbito universitario se habían formulado advertencias jurídicas y antropológicas durante el tratamiento de la iniciativa. El referente aclaró que fueron recibidos por autoridades del área de Asuntos Indígenas.
Para la comunidad, la promulgación profundizó un conflicto que ya había sido advertido y que requiere reconocer los derechos de quienes ocupan el lugar. Torres ubicó esa decisión dentro de una discusión más amplia sobre las prioridades del Estado y el destino de los bienes públicos. “Es tomar algo que es patrimonio público para beneficio privado”, manifestó, al cuestionar que se avance con la ampliación de una institución deportiva mientras persisten necesidades básicas entre los pobladores.
Las necesidades que no encuentran respuesta
Frente a los beneficios sociales invocados para justificar la cesión al club, Torres describió las carencias que enfrentan las familias de Las Costas. Señaló dificultades en la infraestructura educativa, reclamó una respuesta adecuada para la educación secundaria y describió un establecimiento en el que estudiantes comparten apenas cuatro aulas. A ese panorama sumó una subcomisaría sin patrulleros, un centro de salud sin ambulancia para atender un territorio que situó en unas 11 mil hectáreas y la ausencia de recolección de residuos. Su planteo fue que esas necesidades deberían ocupar un lugar prioritario en la agenda pública. También denunció el ingreso de empresas turísticas que, según afirmó, promocionan y utilizan Las Costas sin autorización de la comunidad ni responsabilidades claras sobre el impacto de sus actividades. El cuestionamiento reúne así distintos usos del territorio que se expanden mientras sus habitantes reclaman servicios esenciales. “Es una agenda que es prioritaria y vemos que del otro lado hay solo servicios a terceros para distraerse”, sostuvo, al señalar la distancia entre las urgencias de las familias y los proyectos que reciben impulso estatal.
La participación en las decisiones es otra de las demandas centrales. Torres denunció que se abrió una convocatoria amplia a empresarios para discutir el aprovechamiento de Las Costas sin incorporar a quienes habitan el territorio. Aunque señaló que hubo visitas a la comunidad, sostuvo que eso no se tradujo en un lugar dentro de ese espacio. “Los que vivimos ahí no tenemos una silla”, resumió. Su reclamo apunta a intervenir en las definiciones sobre el presente y el futuro del lugar, conforme a los derechos que la comunidad invoca. Torres pidió además que la Provincia refleje los antecedentes de ocupación comunitaria en sus registros, de manera que quienes compran tierras puedan conocer la existencia de comunidades indígenas. Cuestionó que el reconocimiento territorial no tenga una expresión suficiente en las prácticas administrativas y sostuvo que esa omisión alimenta nuevos conflictos. “Es irónico, pero los indígenas venimos a pedir que el Estado se modernice para que nos incluya”.