Condenan a 8 años a líderes de la plantación de marihuana en La Caldera
Víctor Farfán, Sergio Salum y Jonatán Garzón, los tres cabecillas acusados de la mega plantación de marihuana, fueron condenados a ocho años de prisión -en juicio abreviado- por la plantación de marihuana descubierta en una finca ubicada en los cerros de la localidad de La Caldera.
Allí encontraron 2.400 plantas y 7.200 plantines listos para su cultivo, lo que fue considerado como el de mayor magnitud del país.
El Tribunal Oral Federal N°1 de Salta, integrado por Federico Díaz, Marta Snopek (presidenta) y Mario Juárez Almaraz, especificaron que, en el caso de Garzón, la calificación legal concurre con el delito de almacenamiento, en razón del secuestro de tres kilos de cogollo de marihuana hallados en el allanamiento de su vivienda, en la localidad jujeña de Monterrico.
La sentencia fue producto de un acuerdo de juicio abreviado presentado por el fiscal general, Eduardo José Villalba, en la reanudación del debate, luego de que la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal confirmara el rechazo a la recusación interpuesta por la defensa contra la presidenta del tribunal por falta de imparcialidad.
Ayer, al retomar el debate, el tribunal celebró la disposición de las partes por resolver el conflicto a través de las herramientas previstas por el Código Procesal Penal Federal, vigente en Salta y Jujuy desde el 10 de junio de 2019.
Con las tres condenas dictadas, los once imputados que la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) del NOA llevó a juicio, entre ellos los principales eslabones de la cadena delictiva, recibieron sanción a través de acuerdos de juicio abreviado, lo que fue destacado por el fiscal general, quien también puso de relieve la eficacia del sistema acusatorio.
Aunque esta herramienta procesal es un común denominador en materia de resolución de conflictos en la jurisdicción, el fiscal destacó su aplicación en este caso en virtud de su magnitud, como también por el grado de complejidad de la investigación.
En ese sentido, Villalba se refirió con más detalles al hecho, descubierto a partir de la denuncia de un agricultor de la zona. Aquella denuncia dio pie a una tarea de campo que confirmó la existencia de la plantación de marihuana a cielo abierto más grande del país.
Equipamiento y tierra óptima
En la finca, los acusados habían dispuesto de todas las herramientas necesarias para el cultivo. “Tenían mochilas fumigadoras, insecticida, fertilizantes, grupos electrógenos, pantallas de calor, picadora y prensadoras; no les faltaba nada, habían pensado en todo, menos en dedicarse a una tarea lícita, que fácilmente podrían haber iniciado, pues se trata de una tierra hermosa”, explicó Villalba.
“Para una mayor magnitud, es dable señalar que la finca allanada estaba en condiciones de producir más de 1.300.000 dosis, prácticamente una para cada habitante de Salta”, agregó, a la vez que enfatizó sobre el daño que representó la plantación.
Al referirse a las pruebas y el trabajo investigativo, el fiscal general remarcó la tarea del personal del Escuadrón 53 de la Gendarmería Nacional y del Grupo Operativo Conjunto NOA, tanto en la tarea de campo como en el resto de las diligencias. También distinguió la labor de Mariana Gamba Cremaschi y Jorge Viltes Monier, auxiliares de la PROCUNAR NOA, quienes tuvieron intervención en los acuerdos arribados con las partes.
En el primero de ellos, formalizado el 6 de octubre del año pasado, en la audiencia de control de acusación, se homologaron la condena de Tomás y Simón Aparicio, Rodrigo Coronel y José y Gustavo Segovia, en grado de partícipes secundarios, mientras que el 3 de febrero pasado, en un segundo acuerdo, Berruezo (uno de los dueños de la finca), Luis Aparicio y Royo, fueron condenados a 8, 6 y 3 años de prisión.
En cuanto a los condenados hoy, el fiscal los describió como los “cabecillas”, pues fueron quienes “tenían el dominio total del delito. Salum y Farfán, desde sus casas, dirigían todo, mientras que Garzón era el ejecutor de las órdenes y, además, quien sabía todo sobre el cultivo de la droga”.
Fundado el acuerdo, y sin objeciones de la defensa, la presidenta del tribunal interrogó a los tres acusados sobre sus alcances. Cada uno prestó conformidad a las penas propuestas, como también al decomiso de bienes requerido por la fiscalía, entre los que se mencionaron nueve teléfonos, 175 mil pesos y todas las herramientas y demás elementos utilizados para el cultivo.