Crean una unidad para controlar ejecución de condenas y beneficios de personas privadas de la libertad

El fiscal de Impugnación Ramiro Ramos Ossorio explicó los objetivos de la nueva Unidad de Ejecución de Condenas creada por el Ministerio Público Fiscal de Salta. El organismo tendrá como tarea central supervisar los procesos posteriores a las sentencias penales y analizar los pedidos de beneficios para internos condenados.

En diálogo con Hora de Voces (FM Ya 91.3), Ramos Ossorio explicó que la creación de esta dependencia responde a la necesidad de concentrar en un solo equipo el seguimiento de todas las condenas privativas de la libertad, una tarea que antes quedaba distribuida entre las distintas fiscalías que habían intervenido durante los juicios.

“Concentrar en una sola dependencia todas aquellas incidencias referidas a los beneficios que se le otorgan o que se le deniegan a los internos privados de la libertad durante el periodo de cumplimiento de la pena”, señaló el fiscal.

Según explicó, el objetivo es que exista un criterio unificado y un análisis más profundo antes de que se otorguen beneficios como salidas transitorias o libertades anticipadas. En ese sentido, destacó que no solamente debe evaluarse el tiempo cumplido de la condena, sino también otros factores vinculados con la conducta, el tratamiento recibido y los indicadores de resocialización.

“No es solo un requisito temporal, hay otros requisitos además del cumplimiento de cierto periodo de tiempo de la condena. Hay que acreditar el cumplimiento y la observancia de los reglamentos carcelarios”, afirmó.

Ramos Ossorio remarcó que también se tendrán en cuenta aspectos psicológicos y sociales para determinar si una persona está en condiciones de acceder a un beneficio. “Los indicadores de resociabilización y de peligrosidad que el interno conserve son fundamentales, porque no puede acceder a los beneficios liberatorios de manera anticipada si no están dadas esas condiciones”, explicó.

El fiscal aclaró además que la creación de la unidad no implicó un aumento presupuestario ni la incorporación de nuevos recursos. “Ha significado la adaptación de recursos ya existentes, tanto humanos como técnicos”, indicó.

Participación de víctimas

Uno de los puntos centrales de la nueva estructura será la participación de las víctimas durante la etapa de ejecución de la pena. Ramos Ossorio sostuvo que muchas veces las personas afectadas por delitos graves desconocen cuándo un condenado recibe un beneficio y cuáles fueron los motivos de esa decisión.

“Hay delitos de incidencia sexual, delitos contra la integridad de las personas, donde las víctimas o los deudos de una persona que ha sido asesinada tienen interés en conocer qué beneficios se le están otorgando a la persona condenada”, explicó.

Además, señaló que la nueva unidad permitirá que las víctimas puedan conocer las condiciones bajo las cuales se conceden esos beneficios y presentar objeciones cuando corresponda.

Respecto de los condenados por delitos relacionados con el narcotráfico, el fiscal sostuvo que requieren un análisis particular porque en muchos casos existen vínculos con organizaciones criminales.

“Una persona que no tenemos acreditado que haya abandonado ese entorno difícilmente podría acceder a beneficios liberatorios donde pueda entrar y salir del penal, con el riesgo que eso implica respecto del ingreso y regreso de estupefacientes”, manifestó.

Ramos Ossorio indicó que la intención es que el Estado pueda acompañar el proceso de reinserción social, pero con controles adecuados. “Si el interno cumple con todos los requisitos de la ley naturalmente tiene la posibilidad de acceder a estos beneficios”, dijo.

Sin embargo, advirtió que cuando una persona no cumple las condiciones establecidas o incumple beneficios otorgados, debe aplicarse la normativa vigente.

“El rigor de la ley debe estar allí para que cumpla la pena como corresponda hasta el final”, sostuvo.

Finalmente, el fiscal destacó que la nueva unidad busca aportar mayor transparencia a una etapa del proceso penal que suele generar cuestionamientos sociales. “Cada supuesto tiene su particularidad y deben ser atendidos de manera individual”, concluyó.