El Concejo Deliberante de Rº de la Frontera resiste a Pirotecnia Cero, y Padres TEA exigen respuestas
La polémica por la pirotecnia sonora en Rosario de la Frontera vuelve a exponer una discusión que atraviesa mucho más que las celebraciones de fin de año.
En el centro del conflicto aparecen los derechos de las personas con discapacidad, la protección de la salud pública y las responsabilidades de las autoridades municipales, después de que el Concejo Deliberante rechazara modificar el artículo 125 del Código Ambiental para adecuarlo a la Ley Provincial 8.340, una legislación que prohíbe la pirotecnia con efectos audibles o sonoros en todo el territorio salteño desde 2022.
En diálogo con Nuevo Diario, Fernanda Delgado, referente de Padres TEA y madre de una niña autista, expresó su preocupación por la posición adoptada por los concejales, cuestionó la interpretación que se realiza de las normas vigentes y advirtió sobre una problemática que, según describió, refleja la ausencia de respuestas institucionales para las familias.
Su preocupación no se limita a la utilización de pirotecnia durante las fiestas. Lo que está en discusión es la posibilidad de que una regulación municipal mantenga criterios de permisividad frente a productos sonoros que ya están alcanzados por una prohibición provincial.
Los reclamos de Padres TEA
Uno de los aspectos más preocupantes señalados por la referente es la interpretación del artículo 125 del Código Ambiental de Rosario de la Frontera, que, según explicó, contempla determinados productos pirotécnicos bajo el supuesto de que sus efectos sonoros resultarían tolerables para personas con sensibilidad auditiva.
Delgado cuestionó que se pretenda establecer una distinción basada en calibres y niveles de ruido, como si existiera una medida universal que permitiera determinar qué estruendos pueden soportar las personas autistas o los animales.
En ese sentido, cuestionó que se sostenga «que se puede vender con el calibre tanto porque esa sí la pueden tolerar o aguantar los chicos con autismo o los perritos», y rechazó que una disposición local pueda establecer semejante criterio de tolerancia.
La observación apunta a un problema de fondo: las experiencias sensoriales de las personas autistas son diversas y no existe un umbral único de ruido que garantice que una detonación no provocará angustia o desregulación. Lo que para algunas personas puede representar una molestia ocasional, para otras puede convertirse en un estímulo intenso e imprevisible que afecta su bienestar y condiciona su participación en actividades cotidianas.
Pero Delgado también apuntó a la contradicción jurídica que aparece cuando se pretende justificar la venta de determinados productos mediante una norma municipal. «La ley provincial, que tiene mayor valor jerárquico, no dice nada sobre eso», remarcó, al cuestionar la incorporación de excepciones o criterios que no están previstos en la legislación salteña.
La Ley 8.340 no establece una escala de calibres sonoros supuestamente aceptables para las personas con autismo. Su prohibición comprende los productos pirotécnicos con efectos audibles o sonoros, sin habilitar su comercialización por el solo hecho de que determinadas detonaciones puedan considerarse de menor intensidad.
La crítica a las prioridades políticas
La referente de Padres TEA también cuestionó los argumentos que, según su relato, se utilizaron para resistir la modificación del Código Ambiental y mencionó las intervenciones de los concejales conocidos como Cocó Varela y Solivellas durante el debate. Delgado señaló que, desde esas posiciones, se cuestionó la legislación provincial por considerar que presenta vacíos legales y se defendió la regulación municipal como una herramienta más adecuada para ordenar la comercialización de pirotecnia. La dirigente recurrió incluso a la ironía para expresar su desacuerdo con esa interpretación: «Se creó un código que es hasta más perfecto que una ley provincial». Su cuestionamiento principal, sin embargo, estuvo dirigido a las prioridades que considera presentes en el debate legislativo. Según explicó, las excepciones que se pretenden sostener terminan favoreciendo la posibilidad de comercializar determinados productos en lugar de garantizar la protección que reclaman las familias.
«Le dejan un margen al comerciante y primero están los derechos del comerciante antes que lo que nosotros venimos a pedir», expresó. La frase sintetiza el conflicto que Delgado identifica detrás de la discusión: mientras las familias solicitan medidas para prevenir los efectos de los estruendos sobre las personas con sensibilidad auditiva, parte del debate político se concentra en preservar determinadas posibilidades de comercialización.
La referente cuestionó especialmente que se coloquen esas consideraciones por delante de los derechos de niños, niñas y personas que presentan sensibilidad frente a los ruidos intensos.
Una ley provincial está por encima de un código municipal cuando existe una prohibición de orden público
Este es el punto jurídico central de la controversia, porque la discusión en Rosario de la Frontera no puede reducirse a decidir si el Concejo Deliberante quiere o no acompañar una política pública provincial.
La Ley 8.340 fue sancionada el 8 de septiembre de 2022, promulgada el 11 de octubre y publicada en el Boletín Oficial de Salta el 13 de ese mismo mes. Desde entonces, la prohibición de pirotecnia sonora tiene alcance en toda la provincia, incluidos sus municipios. Su artículo primero declara expresamente que se trata de una ley de orden público y establece la prohibición del uso, tenencia, comercialización, manipulación, fabricación, acopio, exhibición y expendio de elementos de pirotecnia con efectos audibles o sonoros. Esta condición es determinante. Los municipios cuentan con autonomía para regular asuntos de su competencia, pero esa autonomía no los habilita a dejar sin efecto una prohibición provincial de orden público ni a conceder permisos incompatibles con ella.
En otras palabras, el Código Ambiental de Rosario de la Frontera puede organizar controles, establecer procedimientos administrativos y reforzar las medidas de protección, pero no puede autorizar productos sonoros que la Ley 8.340 prohíbe.
Por lo tanto, si una disposición municipal admite la comercialización de determinada pirotecnia sonora por considerar que su calibre resulta tolerable, esa autorización no puede prevalecer frente a la prohibición provincial.
La pirotecnia divide al Concejo y las familias TEA denuncian falta de protección
Una legislación de avanzada
La Ley 8.340 representó un avance en Salta porque no se limitó a formular una recomendación de convivencia ni a establecer horarios para el uso de pirotecnia, sino que dispuso una prohibición general sobre los elementos sonoros y organizó mecanismos destinados a garantizar su cumplimiento.
La legislación modificó el artículo 129 del Código Contravencional provincial e incorporó sanciones que pueden incluir arresto de hasta 60 días o sus sustitutas, decomiso de los productos y clausura temporal de establecimientos comerciales en determinados casos de reincidencia.
También contempla responsabilidades para quienes comercialicen elementos prohibidos, incluso cuando cuenten con autorizaciones para desarrollar actividades comerciales relacionadas con otros productos pirotécnicos. Además, asigna a la autoridad de aplicación la coordinación de políticas de supervisión y control, junto con acciones de información, educación y concientización que pueden desarrollarse con organizaciones de la sociedad civil. Esta última dimensión resulta especialmente importante porque reconoce la participación de familias y organizaciones vinculadas con la discapacidad, la salud y el ambiente en las estrategias destinadas a transformar prácticas sociales y prevenir daños.
La norma contempla excepciones específicas para señales de emergencia, salvamento y determinadas actividades legalmente autorizadas, pero no incorpora permisos generales para la venta de pirotecnia sonora en función de calibres considerados tolerables. Su enfoque combina protección de derechos, prevención, fiscalización y educación, una perspectiva que permite comprender por qué las organizaciones involucradas defienden su aplicación efectiva.
Las sospechas sobre la comercialización y la necesidad de transparencia
La controversia adquirió además una dimensión política y comercial a partir de publicaciones en redes sociales que plantearon interrogantes sobre posibles vínculos entre personas relacionadas con el oficialismo municipal y la venta de pirotecnia durante las fiestas. Entre los nombres mencionados aparece Ramón Troichuque, a quien una publicación atribuye presuntos vínculos con tres establecimientos comerciales y relaciones políticas con el entorno del intendente Kuldeep Singh. También se formulan cuestionamientos sobre el papel político del concejal Exequiel Solivellas.
La discusión sobre la Ley 8.340 ya fue resuelta por la Legislatura provincial hace cuatro años. Rosario de la Frontera no tiene que decidir si acepta o rechaza esa prohibición: debe cumplirla.
Lo que permanece abierto es el debate sobre las responsabilidades políticas, las prioridades institucionales y la eficacia de los controles. En ese escenario, el testimonio de Fernanda Delgado vuelve a colocar en primer plano una exigencia que las familias sostienen desde hace años: que la inclusión deje de ser una declaración de buenas intenciones y se convierta en una garantía concreta para quienes necesitan vivir y participar de la comunidad sin que su salud quede expuesta a estruendos evitables.