El Senado tratará pliegos judiciales y el esquema de pago a fondos buitre
El temario incluye la validación de magistrados para cargos estratégicos en la justicia federal y la discusión de un proyecto de ley que define los mecanismos financieros para cancelar obligaciones pendientes con acreedores externos, en un intento del oficialismo por normalizar la situación crediticia del país.
El Senado de la Nación retomará su actividad en el recinto con una jornada que promete definiciones centrales para el funcionamiento del Poder Judicial y el frente financiero externo. Tras intensas negociaciones en la Comisión de Acuerdos, el oficialismo logró el quórum necesario para incluir en el orden del día el tratamiento de una decena de pliegos de jueces, fiscales y defensores oficiales destinados a cubrir vacantes en diversas jurisdicciones del país.
La designación de magistrados es uno de los puntos que mayor fricción genera con los bloques de la oposición. Mientras que el Ejecutivo nacional sostiene que la cobertura de estas vacantes es indispensable para combatir la mora judicial y fortalecer la lucha contra el crimen organizado, sectores de la minoría cuestionan la idoneidad de algunos candidatos y denuncian un intento de “colonización” de los juzgados federales antes del recambio electoral.
Sin embargo, el tema que acaparará la mayor atención técnica y mediática es el debate sobre el pago a los denominados “fondos buitre”. El proyecto enviado por el Ministerio de Economía busca establecer un marco normativo para liquidar los saldos remanentes de litigios internacionales que aún pesan sobre el Estado. La intención oficial es cerrar definitivamente estos frentes legales para mejorar la calificación de riesgo soberano y facilitar el acceso a mercados de crédito internacionales con tasas más competitivas.
El debate por los fondos públicos
La propuesta económica contempla el uso de excedentes de recaudación y la emisión de instrumentos de deuda específicos para cancelar las sentencias firmes en tribunales extranjeros. Desde los sectores más críticos, se ha solicitado un informe pormenorizado sobre el impacto que este desembolso tendrá en las reservas del Banco Central. Argumentan que, en un contexto de restricción de divisas, priorizar el pago a acreedores externos podría comprometer el financiamiento de programas sociales y obras de infraestructura básica.
Por su parte, los senadores oficialistas defienden la medida como un paso necesario hacia la “seguridad jurídica”. Sostienen que mantener las cuentas pendientes con los fondos buitre genera intereses punitorios que aumentan el stock de deuda de manera exponencial cada mes. “Es preferible un acuerdo hoy que seguir pagando el costo de la desidia de gestiones anteriores”, señalaron voceros parlamentarios cercanos a la presidencia de la Cámara.
Fuente: Ámbito Financiero