Ganadero condenado a 3 años de prisión por facilitación a la prostitución
En el marco de un juicio abreviado, el Tribunal Oral Federal N°2 de Salta condenó a un productor ganadero a tres años de prisión en suspenso por el delito de “facilitación de la prostitución”.
La sentencia incluyó el pago de una reparación económica de un millón y medio de pesos destinado a cinco víctimas.
El fallo fue dictado por el juez Domingo Batule y homologó un acuerdo logrado por el Área de Casos Complejos, a cargo del fiscal federal Ricardo Toranzos, quien llevo adelante la investigación del caso por el cual fue condenado Sergio Andrés Mamani.
El caso se inició el 25 de junio de 2.020 a partir de una denuncia radicada a través de la línea 145 del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de Víctimas Damnificadas por el Delito de Trata, mediante la cual se dio a conocer la existencia de una red de prostitución en la que podrían estar involucradas menores de edad.
Entre otros datos aportados, el denunciante mencionó un sitio de servicios sexuales para adultos que era utilizado como enlace con jóvenes que ejercían la prostitución, modalidad que activó diversas diligencias dirigidas a verificar tal hipótesis.
Como resultado de ello, se pudo establecer que Mamani administraba el alquiler de un departamento en las inmediaciones de la terminal de ómnibus de la ciudad de Salta, el cual rentaba a jóvenes que conoció a través del sitio web y a quienes le cobraba una renta diaria por el uso del inmueble donde ejercían la prostitución.
Al respecto, cabe señalar que el Área de Casos Complejos ya desbarató una red de prostitución que operaba de la misma forma en la ciudad, caso que derivó en la condena en mayo de 2021 de dos hermanos a 3 y 6 años de prisión respectivamente por el delito de trata de personas.
Esa sentencia incluyó también la reparación económica de las víctimas.
A partir de tareas de campo coordinadas por el auxiliar fiscal Facundo Mirabella y el investigador Nicolás Dubois, se estableció que la actividad denunciada se ejercía en departamento, lo que fue también revelado por los vecinos del lugar, quienes confirmaron la presencia de mujeres en el inmueble y la visita frecuentes de clientes en distintas horas.
También se precisó que Mamani había tomado contacto con una de las jóvenes, a quien le ofreció realizar dicha actividad en el departamento de su madre. A cambio de ello, pactó una renta diaria que partió de los 1.000 pesos para luego subir a los 1.500.
Por otra parte, desde el Área de Víctimas de la Unidad Fiscal Salta a cargo de Verónica Olguín Rufino, se pudo asistir a las víctimas, las que aportaron información relevante para el caso. Mencionaron, entre otros aspectos, que Mamani les indicó que debían comentarles a los otros inquilinos que eran estudiantes, o bien, era manicuras. Incluso contaron que, en una ocasión, tuvieron que salir de urgencia del departamento, pues la madre del acusado llegaba de visita.
Les facilitaba un lugar y le llevaba clientes
Además de facilitar el lugar, Mamani también solía llevarle clientes a las cinco mujeres que pagaban la renta exigida, quienes se movilizaban en un utilitario para llegar al departamento. Posteriormente, y ante las quejas de los vecinos, el acusado dijo alquilar el departamento a una familia. No obstante, se procedió al allanamiento del inmueble y la detención de Mamani.
Formalizada la acusación penal, en julio del 2.021, la fiscalía reunió suficientes elementos de prueba que daban por acreditada la denuncia realizada a la línea de ayuda 145, por lo que se avanzó con la acusación por facilitación de la prostitución. Al respecto, el fiscal recordó que el acto de facilitación "es toda aquella conducta de comisión u omisión que contribuya, por ser idóneo al modo de prostitución", la que describió como dolosa dado el comportamiento desplegado por el causante.
En el análisis de dicho acuerdo, del que también participó el Defensor General de Víctimas Nicolás Escandar, la fiscalía evaluó la responsabilidad del acusado, la calificación legal y la pena, la cual se ajustó al grado de culpabilidad y a la lesión del bien jurídico protegido.
En función de las obligaciones asumidas por el Estado Nacional respecto al deber de protección de las víctimas y de restauración de la efectiva reparación, se estableció una reparación económica por la suma de un millón y medio de pesos, monto que será dividido en partes iguales con las cinco víctimas identificadas.
En este punto, el fiscal destacó la línea de ayuda 145 como mecanismo de denuncia, como así también resaltó la labor realizada por el Polo Integral de la Mujer de Salta, a cargo de Laura López Ahanduni, en materia de asistencia interdisciplinaria hacia las víctimas de este caso.
Al momento de la homologación del acuerdo, la defensa prestó la conformidad del caso, en tanto, que Mamani reconoció su responsabilidad penal en el hecho imputado y también confirmó el compromiso asumido respecto a la reparación dispuesta.