Italia aprueba ley de seguridad que penaliza protestas pacíficas
El Senado italiano aprobó un decreto de seguridad impulsado por el gobierno de Giorgia Meloni. La nueva legislación introduce 14 delitos y nueve circunstancias agravantes, penalizando acciones como el bloqueo de calles y la ocupación de inmuebles.
En una sesión marcada por la tensión y las manifestaciones de la oposición, el Senado italiano aprobó el denominado “decreto seguridad”, una legislación promovida por el gobierno de derecha de Giorgia Meloni.
Asimismo, con 109 votos a favor, 69 en contra y una abstención, la ley fue sancionada tras la imposición de un voto de confianza que impidió el debate de las 131 enmiendas propuestas por la oposición .
La nueva normativa introduce 14 nuevos delitos y nueve circunstancias agravantes. Entre las disposiciones más controvertidas se encuentra la penalización del bloqueo de calles mediante el cuerpo, una forma de protesta comúnmente utilizada por movimientos sociales y ambientalistas.
Además, se criminaliza la ocupación ilegal de edificios y se refuerzan las protecciones legales para las fuerzas del orden .
Reacciones y críticas
La aprobación de la ley generó una fuerte reacción por parte de la oposición. Legisladores del Partido Democrático, el Movimiento 5 Estrellas y la Alianza Verdes Izquierda realizaron una sentada en el centro del hemiciclo, levantando las manos y mostrando carteles que decían “denúnciennos a todos”, en señal de protesta contra la criminalización de las manifestaciones pacíficas .
Organizaciones de derechos humanos y civiles también expresaron su preocupación. Amnistía Internacional advirtió sobre el aumento de la represión en las protestas pacíficas en Europa, mientras que la Asociación Nacional de Partisanos de Italia (ANPI) calificó la ley como una “criminalización del disenso” y una amenaza a los derechos democráticos .
Sin embargo, el gobierno de Meloni defendió la ley como una medida necesaria para garantizar la seguridad y el orden público. La primera ministra afirmó que se trata de “un paso decisivo para reforzar la protección de los ciudadanos, de los colectivos más vulnerables y de los hombres y mujeres uniformados”, y que ayudará a proteger a las familias y “propietarios honestos” , relacionadas con la ocupación ilegal .
Fuente: La Nación