La clausura de los depósitos fiscales puso en jaque al comercio exterior de Salta

El cierre simultáneo de COZOFRA, en General Güemes, y COCEL, en la capital provincial, alteró las operaciones de importación y exportación. Las empresas debieron trasladar sus trámites y movimientos a Jujuy, con mayores gastos logísticos. El diputado Pablo Outes presentó un pedido de informes para que el Gobierno explique las decisiones de ARCA.
La actividad aduanera salteña sufrió un fuerte impacto luego de que, a fines de agosto, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ordenara cerrar los dos establecimientos habilitados para el almacenamiento de mercaderías bajo control fiscal en la provincia.
Los espacios afectados fueron COZOFRA, situado en General Güemes, y COCEL, ubicado en la ciudad de Salta. La interrupción de sus servicios obligó a empresas y operadores a buscar alternativas fuera del territorio provincial para continuar con sus operaciones comerciales.
Durante varias semanas, los movimientos de importación y exportación tuvieron que canalizarse a través de Palpalá, en Jujuy. El cambio incrementó los costos de traslado y complicó la logística de distintos sectores productivos. Según estimaciones de fuentes consultadas por Radio A Redes, las pérdidas habrían alcanzado varios millones de dólares, aunque no trascendió un monto preciso.
Pablo Outes pidió explicaciones por el impacto económico de las clausuras
Aunque posteriormente se habilitaron nuevamente los depósitos, uno de ellos todavía conservaría limitaciones que afectan el ingreso y egreso de productos del país. El episodio llegó ahora al ámbito legislativo nacional, donde se busca determinar las razones y el alcance de las decisiones administrativas.
El diputado salteño Pablo Outes presentó el proyecto de resolución 6186-D-2026 en la Cámara de Diputados de la Nación. A través de esta iniciativa, solicitó al Poder Ejecutivo que informe cuáles fueron los criterios técnicos y administrativos utilizados por ARCA y la Dirección General de Aduanas para disponer los cierres.
El planteo también apunta a conocer qué análisis se hicieron sobre las consecuencias económicas y qué acciones se adoptaron para evitar que las operaciones quedaran interrumpidas. Outes advirtió sobre las complicaciones para compañías mineras, industriales y vinculadas con las economías regionales, además del encarecimiento de la logística.


