La Fiscalía apeló la suspensión de la nueva ley penal juvenil y cuestionó a la jueza Pascual
La Fiscalía apeló la decisión de la jueza de Responsabilidad Penal Juvenil Marta Pascual, que había suspendido durante 60 días la aplicación de la nueva ley penal juvenil en la provincia de Buenos Aires. El Ministerio Público pidió que la medida cautelar sea dejada sin efecto mientras interviene la Cámara de Apelación y Garantías.
El recurso fue presentado por la Delegación del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de la Fiscalía General Departamental de Lomas de Zamora. El fiscal Hernán Cerutti cuestionó la utilización de un hábeas corpus preventivo colectivo para suspender la aplicación de una ley nacional.
La Ley 27.801 establece un nuevo régimen penal juvenil y fija en 14 años la edad de responsabilidad penal. La norma fue sancionada por el Congreso, promulgada por el Poder Ejecutivo y posteriormente reglamentada.
La Fiscalía cuestionó el uso del hábeas corpus
Uno de los principales argumentos del recurso es que no existiría un caso concreto que justificara la intervención judicial. Según la Fiscalía, el hábeas corpus requiere una afectación actual o inminente de la libertad personal.
El Ministerio Público sostuvo que en el expediente no se identificó a un adolescente cuya libertad hubiera sido restringida de manera ilegal como consecuencia de la aplicación de la nueva legislación.
Tampoco se habría acreditado una decisión policial, administrativa, judicial o penitenciaria concreta que permitiera justificar una suspensión general de la norma.
La Fiscalía consideró que la resolución de Pascual genera un “gravamen institucional y jurídico de extrema gravedad”, debido a que sus efectos alcanzan a todo el territorio bonaerense.
Cuestionan la falta de datos sobre el impacto de la ley
Otro de los ejes de la apelación está relacionado con las consecuencias que la jueza atribuyó a la implementación del nuevo régimen.
Pascual había advertido sobre la posibilidad de que aumentara la cantidad de adolescentes de 14 y 15 años incorporados al sistema penal. También señaló la necesidad de contar con infraestructura, personal y recursos suficientes para garantizar sus derechos.
La Fiscalía cuestionó que esas consecuencias hayan sido consideradas como ciertas sin contar con información concreta.
Entre otros puntos, planteó que no se conoce cuántos adolescentes quedarían efectivamente alcanzados por el régimen, cuántos podrían ser privados de su libertad ni cuál sería la capacidad disponible en los dispositivos provinciales.
Según el recurso, la resolución habría convertido una posibilidad en una certeza sin contar con estadísticas suficientes.
La situación de los centros de alojamiento
La jueza también había tenido en cuenta las condiciones del Centro Socioeducativo para la Privación de la Libertad Ambulatoria de Lomas de Zamora, cuya capacidad fue limitada a 60 adolescentes.
La Fiscalía reconoció que pueden existir problemas en ese establecimiento, pero consideró que una situación particular no permite concluir que todo el sistema bonaerense se encuentre en las mismas condiciones.
El Ministerio Público sostuvo que existen otras herramientas judiciales para intervenir ante eventuales deficiencias. Entre ellas mencionó límites de alojamiento, medidas correctivas, traslados y controles sobre las condiciones concretas de detención.
Un fuerte cuestionamiento a la división de poderes
La apelación también planteó una discusión institucional. Para la Fiscalía, la suspensión general de una ley nacional representa una decisión de “extraordinaria trascendencia institucional”.
El Ministerio Público reconoció que los jueces pueden ejercer el control de constitucionalidad y proteger derechos fundamentales. Sin embargo, sostuvo que esa facultad no debería utilizarse para suspender preventivamente una ley a partir de hipótesis sobre sus posibles consecuencias.
“La decisión recurrida, en los hechos, sustituye al Congreso de la Nación”, sostuvo la Fiscalía.
Además, cuestionó que la jueza haya suspendido la ley antes de recibir información de funcionarios bonaerenses sobre los recursos y plazos previstos para implementar el nuevo régimen.
Ahora será la Cámara de Apelación y Garantías la que deberá definir el futuro de la cautelar. La Fiscalía solicitó que el recurso tenga efecto suspensivo y que finalmente sea revocada la resolución que frenó durante 60 días la aplicación de la nueva legislación penal juvenil en Buenos Aires.
Fuente: Infobae