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La Justicia amplía la lupa sobre el patrimonio Adorni por presunto enriquecimiento

La investigación por presunto enriquecimiento patrimonial injustificado contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa, Bettina Angeletti, sumó un nuevo capítulo judicial.

La fiscalía pidió una batería de medidas de prueba para reconstruir ingresos, bienes, gastos y posibles movimientos patrimoniales vinculados al funcionario, en un expediente que ahora también apunta al patrimonio familiar, a movimientos en el country Indio Cuá Golf Club, a compras millonarias y a eventuales operaciones con criptomonedas. Según informó Ámbito, la resolución del fiscal incluye pedidos de documentación sobre actividades laborales de Adorni y Angeletti, registros de ingreso de proveedores a una vivienda ubicada en un barrio privado, información sobre la situación habitacional de la madre del funcionario y datos sobre una compra de muebles por más de 8 millones de pesos en una reconocida tienda.

Una de las medidas apunta directamente a otra causa por enriquecimiento ilícito que involucra a Francisco Jorge Adorni, hermano del jefe de Gabinete. La fiscalía solicitó una “amplia certificación del objeto procesal” de ese expediente, con detalle de las personas comprendidas, los hechos denunciados o investigados, el estado actual del trámite y toda referencia vinculada con bienes de origen familiar, dinero en efectivo, la sucesión de Jorge Adorni o cualquier otro elemento que pueda guardar relación con la causa principal. El objetivo, según la resolución, es determinar si existe una eventual vinculación entre ese expediente y los extremos patrimoniales investigados respecto de Manuel Adorni y Bettina Angeletti.

Fundación Iberoamericana bajo revisión

Otra línea de investigación apunta al vínculo de Adorni y su esposa con la Fundación Iberoamericana de Estudios Superiores. El fiscal pidió al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que informe si Manuel Adorni desempeñó entre 2017 y 2023 algún cargo, contratación, designación, locación de servicios, asesoría, función o actividad remunerada en esa institución.

El requerimiento incluye antecedentes administrativos, funciones desempeñadas y toda la información relativa a remuneraciones, haberes, compensaciones, honorarios o cualquier otro concepto percibido. La misma solicitud alcanza a Bettina Angeletti, aunque para el período comprendido entre 2018 y 2023. Además, la fiscalía pidió saber si ambos presentaron declaraciones juradas patrimoniales y, en caso afirmativo, reclamó copias de esa documentación.

Indio Cuá

La investigación también se concentra en el inmueble ubicado en el lote 380 del barrio privado Indio Cuá Golf Club. El fiscal requirió los registros de ingreso y egreso correspondientes al período comprendido entre noviembre de 2024 y agosto de 2025. La medida busca reconstruir aspectos patrimoniales vinculados con reformas, acondicionamiento, provisión de materiales, amoblamiento y otros gastos que forman parte del expediente.

Para eso, se pidió identificar proveedores, contratistas, personal de obra, transportistas y empresas que hayan intervenido en trabajos o entregas relacionadas con el lote. También se solicitó información sobre el ingreso de mercadería, muebles, electrodomésticos y otros bienes, con identificación de destinatarios y personas que recibieron los envíos.

El capítulo cripto

La causa también incorpora una línea vinculada con activos digitales. El fiscal pidió a la Comisión Nacional de Valores un relevamiento completo de las empresas, plataformas, exchanges, billeteras virtuales y prestadores de servicios de activos digitales que operaron en Argentina desde 2012 hasta la actualidad. La solicitud incluye un listado año por año con razón social, denominación comercial, situación actual y antecedentes regulatorios de cada entidad.

También se pidió que la CNV informe cuál era la normativa aplicable en cada período y si existían registros formales de operadores de activos virtuales.

Todas las medidas fueron ordenadas con plazos de respuesta de 72 horas. El avance judicial se produce en un contexto de creciente presión política sobre Adorni, mientras la oposición empuja cuestionamientos en el Congreso y el Gobierno intenta reordenar su estrategia frente al impacto de la investigación. La causa, que comenzó centrada en la evolución patrimonial del funcionario y su esposa, ahora amplía el radio de análisis hacia su entorno familiar, consumos de alto valor, inmuebles y posibles circuitos financieros alternativos.

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