La Justicia investiga compras con sobreprecios en la ANDIS y cita a declarar a empresarios
El fiscal Ramiro González impulsó una investigación penal por presuntas irregularidades en las contrataciones de la Agencia Nacional de Discapacidad durante la gestión anterior. La causa busca determinar si existieron pagos por encima de los valores de mercado en la adquisición de insumos y servicios.
La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) se encuentra en el centro de una nueva tormenta judicial tras la denuncia de presuntas maniobras de corrupción en el manejo de sus fondos públicos. El fiscal federal Ramiro González imputó a exdirectivos del organismo y citó a una decena de empresarios para que presten declaración en una causa que investiga compras con sobreprecios y direccionamiento de licitaciones.
La instrucción se inició a partir de una auditoría interna realizada por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), que detectó inconsistencias graves en los procesos de compra de insumos médicos, equipamiento de oficina y servicios de logística. Según el dictamen fiscal, en algunos casos se habrían pagado montos que superan en un 200% los valores de referencia del mercado para la misma fecha.
El magistrado a cargo busca desentrañar si existió una red de proveedores privilegiados que, mediante acuerdos espurios con funcionarios de la gestión pasada, lograban adjudicarse contratos millonarios a pesar de ofrecer precios desproporcionados. La lupa está puesta especialmente en las contrataciones directas por “emergencia”, un mecanismo que utilizaron para evitar los controles de las licitaciones públicas tradicionales.
El rol de los empresarios citados
La justicia ha puesto el foco en los titulares de las firmas que resultaron ganadoras de estos concursos. Los empresarios deberán explicar el desglose de los costos presentados al Estado y justificar las ganancias obtenidas en contratos que hoy son considerados sospechosos por la fiscalía. Se investiga, además, si algunas de estas empresas compartían socios o domicilios fiscales, lo que indicaría la existencia de “ofertas fantasma” para simular competencia.
Entre los insumos cuestionados figuran sillas de ruedas de alta complejidad y kits de asistencia para personas con discapacidad, cuyos precios de facturación no coincidirían con los estándares internacionales. La sospecha principal es que la ANDIS funcionó como una caja política a través de la sobrefacturación en áreas sensibles que afectan directamente a los sectores más vulnerables de la población.
Fuente: Ámbito Financiero