Las mujeres también marcharon en Salta contra el ajuste, el odio y la violencia patriarcal

A 11 años del primer grito de “Ni Una Menos”, las mujeres y diversidades marcharon este miércoles por las calles de Salta para volver a decir que la violencia machista no es un hecho aislado ni una tragedia inevitable, sino la consecuencia de una estructura de desigualdad, abandono estatal, impunidad judicial y discursos de odio que siguen habilitando violencias.

La movilización formó parte de una jornada federal que se replicó en distintos puntos del país, bajo consignas que volvieron a atravesar plazas, calles y tribunales: Ni Una Menos, vivas y libres nos queremos, contra el ajuste, el odio y la violencia patriarcal. En Salta, organizaciones feministas, madres protectoras, activistas travestis y trans, trabajadoras de prensa, pueblos indígenas y redes territoriales volvieron a poner el cuerpo para denunciar que, a más de una década de aquel 3 de junio de 2015, las demandas siguen vigentes.

Una provincia en emergencia permanente

La marcha se dio en un contexto especialmente grave. Salta continúa bajo Emergencia Social por Violencia de Género desde 2014, pero muchas de las políticas nacionales destinadas a prevenir, asistir y reparar situaciones de violencia contra mujeres y diversidades fueron eliminadas, reducidas o transferidas a las provincias. Según datos difundidos por Ciudadana Comunicación, desde el 3 de junio de 2015 hasta mayo de 2026 se registraron 3.096 femicidios en el país. Solo en lo que va de este año hubo 105 víctimas. En Salta, el informe señala que durante 2026 se contabilizaron tres femicidios y una muerte violenta dudosa. En 2025 se registraron seis femicidios y 21 muertes violentas dudosas de mujeres cis y trans, mientras que la Corte de Justicia salteña elevó esa cifra a 28 muertes violentas y/o dudosas. Detrás de cada número hay una vida, una familia, una historia y una pregunta que vuelve como acusación: ¿dónde estaba el Estado?

Las demandas siguen vigentes

En diálogo con Nuevo Diario, la periodista feminista Teresita Frías sostuvo que las demandas que dieron origen al movimiento continúan plenamente vigentes. “A once años del primer grito de Ni Una Menos, hoy vuelve a quedar en evidencia que las demandas que movilizaron a miles de personas en 2015 siguen vigentes”, expresó. Frías remarcó que la persistencia de la Emergencia por Violencia de Género en Salta expone “la distancia que existe entre los diagnósticos oficiales y las respuestas efectivas del Estado”. En ese marco, señaló que la Asamblea Lesbotransfeminista volvió a salir a las calles bajo una consigna que sintetiza el momento político y social del país: “contra el ajuste, el odio y la violencia patriarcal”. La periodista sostuvo que la movilización no solo interpeló a los gobiernos y a las instituciones judiciales, sino que también recuperó una tradición de lucha construida desde los territorios, las organizaciones feministas, las diversidades, los pueblos indígenas, las madres protectoras, las trabajadoras de prensa y quienes sostienen cotidianamente redes de acompañamiento frente a las violencias, muchas veces de manera ad honorem. “Ninguna crisis económica puede justificar el retroceso de derechos conquistados”, advirtió Frías, al remarcar que la igualdad continúa siendo una deuda pendiente. También planteó que la democracia solo será plena cuando mujeres, niñas, niños, adolescentes y personas diversas puedan vivir libres de violencia, discriminación y miedo.

El ajuste también es violencia

El reclamo también apuntó al impacto concreto del ajuste nacional sobre las políticas de género. De acuerdo con el relevamiento de Ciudadana Comunicación, la Línea 144, principal canal de atención para víctimas de violencia, dejó de estar enfocada exclusivamente en mujeres y diversidades tras su incorporación al Ministerio de Justicia y hoy atiende también otras situaciones de violencia familiar. El servicio cuenta con apenas 73 profesionales para todo el país, perdió dos tercios de su presupuesto en 2024 y redujo un 45% su planta de trabajadoras. Para 2026 se prevé la asistencia a 60.000 personas, apenas un tercio de las atendidas en 2023. Otro programa golpeado por el recorte fue Acompañar, destinado a brindar asistencia económica a personas en situación de riesgo por violencia de género. En 2024 sufrió una reducción presupuestaria del 90% respecto de 2023 y pasó de asistir a más de 100.000 personas a solo 434. Desde 2025 dejó de figurar como partida identificable dentro del presupuesto nacional y sus herramientas de monitoreo fueron eliminadas. La Ley Brisa, que garantiza una reparación económica para hijos e hijas de víctimas de femicidio, continúa vigente, pero también expone la dimensión de las consecuencias que deja la violencia machista. En Salta hay 69 titulares activos, equivalentes al 4,9% de los 1.404 beneficiarios registrados en todo el país.

Madres protectoras contra la revictimización judicial

La referente de Madres Protectoras, Yanela Barrios, señaló que el 3J volvió a encontrar a las mujeres atravesadas por el dolor, la injusticia y la violencia. En su testimonio apuntó contra un Estado ausente y contra un sistema judicial que, lejos de proteger, muchas veces revictimiza a quienes acuden a denunciar. Barrios cuestionó la falta de celeridad en las causas, la ausencia de medidas de protección efectivas, la falta de activación de protocolos y la débil implementación de leyes y tratados internacionales destinados a prevenir y erradicar las violencias. “El sistema judicial termina siendo cómplice de abusadores, violentos y femicidas”, sostuvo. La referente denunció además que muchas mujeres que llegan a la Justicia en busca de protección terminan expuestas a nuevas formas de violencia institucional. Habló de revinculaciones de niñas, niños y adolescentes con abusadores, de desigualdad en el acceso a una defensa efectiva y de una asimetría de poder que deja a las víctimas en condiciones de mayor vulnerabilidad.

Ciudad judicial: símbolo de una deuda

Durante la mañana, organizaciones feministas y madres protectoras se manifestaron frente a Ciudad Judicial, en un gesto político dirigido a uno de los poderes más cuestionados por las víctimas y sus familias. Allí denunciaron que el organismo que debería garantizar protección muchas veces estigmatiza, descree y violenta a quienes piden justicia. El señalamiento contra el Poder Judicial también encontró sustento en los datos sobre los dispositivos duales destinados al monitoreo de agresores con restricciones de acercamiento. Según Ciudadana Comunicación, Salta recibió 135 dispositivos, pero solo 55 están actualmente en funcionamiento. Es decir, apenas se utiliza el 40,7% de los equipos disponibles. La implementación depende del Gobierno provincial y de las decisiones de la Justicia local. Barrios también cuestionó los discursos de odio y los proyectos que buscan instalar la figura de las “falsas denuncias”. Para las organizaciones feministas y de madres protectoras, esas iniciativas no fortalecen la protección de las víctimas, sino que buscan criminalizar a quienes denuncian violencia o abuso y garantizar mayores márgenes de impunidad para agresores.

El grito de las disidencias

La activista Pía Ceballos remarcó la presencia de travestis y trans dentro de la marcha de Ni Una Menos. “Nos sumamos las travestis y trans a esta marcha de Ni Una Menos, en un grito muy importante contra las muertes de mujeres y disidencias, particularmente acá en Salta”, expresó. Ceballos reclamó justicia por Fernanda Arias, quien murió en una comisaría en noviembre del año pasado. “Nadie se suicida en una comisaría”, afirmó, al insistir en que el 3J también debe nombrar las violencias que atraviesan a las identidades travestis, trans y disidentes. Para la activista, volver a la calle significó reavivar una voz colectiva contra las opresiones del patriarcado, el machismo y la violencia institucional que siguen dejando muertes de mujeres y disidencias. En ese sentido, la marcha también exigió justicia por las víctimas de femicidios, travesticidios y transhomicidios.

El 3J en Salta no fue solo una fecha de memoria. Fue una denuncia política contra el desmantelamiento de políticas públicas que salvan vidas, contra un sistema judicial que reproduce violencias y contra una estructura estatal que sigue llegando tarde, cuando llega. A 11 años de Ni Una Menos, las mujeres marcharon porque siguen faltando respuestas. Marcharon por las que ya no están, por las que denuncian y no son escuchadas, por las niñas y adolescentes revictimizadas, por las madres que enfrentan al sistema judicial, por las diversidades violentadas, por las víctimas de la impunidad y por todas las que todavía tienen que pelear para vivir sin miedo. En Salta, el grito volvió a ocupar la calle: NI UNA MENOS.