Más denuncias complican a la intendenta Cabrera de Yrigoyen
La administración municipal de Hipólito Yrigoyen, encabezada por la intendenta María Soledad Cabrera, vive un escenario de creciente conflictividad judicial e institucional, atravesado por denuncias penales, cuestionamientos sobre la ejecución presupuestaria y reclamos ciudadanos por el deterioro de obras y servicios públicos.
Lo que comenzó como una serie de pedidos de informes y advertencias del Concejo Deliberante se convirtió en un conflicto de mayor alcance, con actuaciones ante la Justicia de Orán y acusaciones que ponen bajo examen el destino de importantes recursos municipales.
En el centro de la controversia aparecen dos denuncias penales ratificadas, según la información difundida, por seis concejales ante la Fiscalía Penal Nº 3 de Orán, además de una acción judicial colectiva impulsada por la abogada y vecina Estela Mabel Castillo, quien cuestionó la documentación aportada por el Ejecutivo y promovió nuevas actuaciones por posibles delitos contra la administración pública. Aunque se trata de procedimientos diferentes, las presentaciones coinciden en un interrogante que se repite entre los denunciantes: cómo se administraron los fondos públicos y por qué determinadas inversiones no se reflejarían en mejoras concretas para la comunidad.
El conflicto tiene antecedentes que se remontan, al menos, a 2024.
Las denuncias de los concejales
Una de las actuaciones impulsadas por los concejales apunta a revisar distintos aspectos de la administración correspondiente a 2025, particularmente las modificaciones presupuestarias, las registraciones contables y la documentación relacionada con obras públicas. Los denunciantes sostienen que existirían inconsistencias entre los recursos informados, las partidas ejecutadas y los trabajos efectivamente realizados, por lo que solicitaron que la Justicia determine si esas diferencias responden a irregularidades administrativas o a eventuales conductas delictivas.
La segunda presentación está vinculada con el sorteo de una motocicleta cero kilómetro durante un evento municipal. Según el planteo, el vehículo habría sido aportado por un particular que, al mismo tiempo, gestionaba ante el municipio la adjudicación de un inmueble de propiedad estatal, una coincidencia que llevó a los denunciantes a reclamar que se investiguen las condiciones de ambas operaciones y la eventual existencia de beneficios indebidos.
Los cuestionamientos del Concejo Deliberante no son recientes. En junio, seis de los siete integrantes del cuerpo legislativo ya habían promovido una denuncia por presuntas irregularidades en el manejo de fondos municipales. Meses después, los concejales Gabriel Hoyos y Carla González insistieron en la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y avanzar con una ordenanza que permitiera regular un eventual proceso de juicio político contra Cabrera, aunque ese procedimiento no implicaba, por sí mismo, la apertura de un juicio ni la destitución de la intendenta.
Una orden judicial
El conflicto sumó un capítulo decisivo el 14 de octubre de 2026, cuando el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Segunda Nominación de Orán hizo lugar a un amparo colectivo promovido por Castillo y otros vecinos, y ordenó a la Municipalidad presentar información detallada sobre la utilización de recursos públicos, la ejecución de obras, los contratos celebrados y las empresas responsables de los trabajos.
La resolución estableció un plazo de tres días posteriores a la notificación para proporcionar la documentación requerida, con la posibilidad de aplicar multas coercitivas en caso de incumplimiento. También dispuso que la información presentada fuera difundida públicamente durante tres días consecutivos a través de una emisora radial de la localidad, una medida orientada a garantizar que los vecinos pudieran conocer el destino de los fondos municipales.
Sin embargo, según denunció Castillo, la respuesta del Ejecutivo estuvo lejos de satisfacer los requerimientos judiciales. Durante una entrevista con Radio Norte 102.3, la abogada sostuvo que recibió un informe con espacios vacíos y referencias generales a las obras, pero sin suficientes facturas, contratos, balances ni certificaciones que permitieran reconstruir los movimientos financieros.
A partir de esa documentación, la letrada manifestó haber identificado inconsistencias que motivaron nuevas actuaciones penales por presunto fraude a la administración pública, falsedad ideológica, malversación de caudales públicos y fraude procesal. Los cuestionamientos también alcanzan al secretario de Gobierno, Juan José López, y a los responsables de las áreas de Hacienda y Obras Públicas, cuyas eventuales responsabilidades deberán establecerse mediante la investigación correspondiente.
Las presentaciones judiciales se desarrollan en paralelo con un creciente malestar de vecinos que denuncian falta de mantenimiento y dificultades para acceder a información sobre las decisiones presupuestarias.
Castillo describió problemas en avenidas principales, acumulación de basura en sectores como las 62 Hectáreas y un progresivo deterioro de espacios comunitarios. En tanto desde el Ejecutivo, reina el silencio.