Nación impulsa una reforma de pensiones por discapacidad
El Gobierno nacional envió al Congreso un proyecto de ley que modifica de manera sustancial el régimen de pensiones por discapacidad, en un contexto de creciente conflictividad y cuestionamientos judiciales por el impacto de las políticas aplicadas en el área.
La iniciativa, denominada “Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez”, propone redefinir los criterios de acceso a los beneficios y establecer nuevas condiciones para los actuales titulares.
Entre los puntos centrales, se incluye un reempadronamiento obligatorio que exigirá a los beneficiarios acreditar nuevamente su condición médica, situación socioeconómica y antecedentes laborales. En caso de no cumplir con este requisito, se prevé la suspensión automática del beneficio. El proyecto también introduce un sistema de fiscalización con cruce de datos entre distintos organismos estatales y habilita la suspensión preventiva de pensiones ante inconsistencias detectadas.
A su vez, fija el monto de la prestación en el 70% del haber mínimo jubilatorio y elimina la posibilidad de otorgar adicionales vinculados a zonas desfavorables o condiciones específicas. En materia laboral, la propuesta endurece las condiciones al establecer la incompatibilidad absoluta entre la percepción de la pensión y cualquier empleo formal, eliminando la posibilidad vigente de combinar ambos ingresos.
Además, suprime incentivos a la inclusión laboral y modifica el esquema de financiamiento del sistema, habilitando acuerdos entre Nación, provincias y la Ciudad de Buenos Aires para la administración de fondos. Otro de los cambios relevantes es la eliminación del nomenclador con aranceles homogéneos, lo que implica una desregulación en la negociación entre prestadores y financiadores del sistema de salud. En ese marco, el proyecto también deroga artículos clave de la Ley de Emergencia en Discapacidad, lo que, según distintas interpretaciones, implica un retroceso respecto de la ampliación de derechos establecida en los últimos años. El envío de la iniciativa se da en paralelo a cuestionamientos por el incumplimiento de la ley de emergencia vigente, cuya aplicación fue ordenada por la Justicia, pero continúa con demoras. Además, el contexto político se ve atravesado por la reestructuración del área, que incluyó el cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y su reconversión en Secretaría.
La judicialización del conflicto en discapacidad
En este escenario, el conflicto escaló al plano judicial. Familiares de personas con discapacidad, junto a organizaciones y prestadores, presentaron una denuncia penal contra el presidente Javier Milei y funcionarios de su gabinete por el impacto de los recortes en el sector. La presentación, impulsada por el abogado Javier Garín, acusa al mandatario y a los responsables del área de salud de abandono de persona, incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad. También incluye al ministro de Salud, Mario Lugones; al secretario de Discapacidad, Alejandro Vilches; y al ex titular de ANDIS, Diego Spagnuolo. Según el escrito judicial, los recortes presupuestarios aplicados desde el inicio de la gestión provocaron deudas con prestadores, interrupciones en tratamientos y dificultades en el acceso a medicamentos.
Además, se advierte sobre una sobrecarga en el sistema público de salud, producto de la pérdida de cobertura en obras sociales. Los denunciantes también cuestionan el incumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad y señalan que, pese a fallos judiciales que ordenaron su aplicación, persisten demoras y obstáculos administrativos que agravan la situación del sector. En paralelo, organizaciones advierten que la reforma impulsada por el Ejecutivo podría profundizar la crisis, al endurecer los requisitos de acceso, reducir beneficios y modificar el esquema de prestaciones.
Con un proyecto en debate en el Congreso y una causa en curso en la Justicia federal, el conflicto por las políticas de discapacidad se consolida como uno de los frentes más sensibles para el Gobierno, donde el ajuste económico se cruza de lleno con derechos sociales básicos.