Originarios ratificaron denuncias por prohibición de tránsito entre las comunidades
Durante el fin de semana, representantes de la comunidades originarias kollas de Río Blanquito de Santa Cruz, San Andrés, Los Naranjos y El Angosto de Paraní de Orán para ratificar su denuncia por las reiteradas prohibiciones del libre tránsito a las comunidades, con un portón instalado en el ingreso al paraje denominado Las Juntas.
Asimismo, denunciaron “hostigamientos, atropellos, malos tratos, las campañas del miedo, los cobros indebidos del uso de la tierra, uso y abuso del nombre de nuestras comunidades en beneficio ajeno y particular, e ilegalidades varias por parte de la presidenta de la Asociación Civil denominada Tinkunaku”, remarcaron a partir de un comunicado oficial al que accedió Nuevo Diario. Cabe recordar que la mencionada asociación, viene siendo cuestionada y denunciada por estos hechos, y otros más, por parte de las comunidades, inclusive a nivel nacional.
Es por eso que las comunidades, tras su reunión de este fin de semana, informaron que las comunidades citadas, se declararon en estado de alerta y movilización y adelantaron que solicitarán a las autoridades nacionales y provinciales que actúen de manera urgente para que la asociación civil Tinkunaku sea dada de baja, o se dicte intervención a la misma, “por considerar que actúa fuera de la ley”, señalaron. Las denuncias fueron efectuadas formalmente a la persona de María Canaviri, quien es la presidenta de la Asociación Tinkunaku y quien determinó la prohibición de tránsito.
Piden por sus tierras
El reclamo no es nuevo, y alcanzo repercusión nacional, cuando los miembros de las 4 comunidades kollas resolvieron viajar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para reclamar el cumplimiento de la ley N° 24.242 que les otorga la propiedad de las tierras que en 2.011 fueron adjudicadas a un tercero, es decir, a la Asociación Tinkunaku.
Así, el 24 de abril pasado, y en el marco del día del indio americano, visibilizaron su reclamo por el cumplimiento de la ley N° 24.242 sancionada en el año 1993 y que establece "la transferencia de las tierras expropiadas a la autoridad de aplicación creada por la Ley 23.302, la que adjudicará las mismas en propiedad a las comunidades aborígenes del pueblo Kolla actualmente radicado dentro de los límites de la finca conocida como San Andrés, en Orán.
No obstante, en el año 2011 el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) adjudicó dichas tierras a la mencionada entidad.