Pensiones truchas en Anta: Avanzan posibles imputaciones y el Hospital se despegó de la causa
Mientras la Justicia analiza la posible imputación de tres médicos y cinco funcionarios públicos, el Hospital Enrique Romero de El Quebrachal salió a aclarar públicamente que no interviene en el otorgamiento de pensiones y que su aparición en los procedimientos judiciales responde únicamente a que algunos de los profesionales investigados desempeñan funciones en ese establecimiento.
La causa está a cargo de la Unidad Fiscal Federal de Salta y el Juzgado Federal de Garantías, con intervención de Gendarmería Nacional. Según la hipótesis de los investigadores, existiría una organización integrada por punteros políticos, profesionales de la salud y agentes vinculados a la administración pública que habría gestionado beneficios por invalidez para personas que no cumplían con los requisitos médicos exigidos por la normativa.
La pesquisa ya había derivado en septiembre de 2025 en la imputación de nueve personas por presunta asociación ilícita, defraudación a la administración pública, cohecho e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Sin embargo, el análisis de documentación secuestrada, historias clínicas y soportes informáticos permitió ampliar las líneas de investigación.
Tras los nueve allanamientos realizados el pasado martes en las localidades de Joaquín V. González, Gaona y El Quebrachal, la Justicia evalúa ahora avanzar contra otros ocho sospechosos. Entre ellos figuran tres médicos y varios funcionarios que habrían tenido participación en el circuito administrativo y sanitario que posibilitaba la aprobación de los beneficios cuestionados.
Los nuevos elementos incorporados a la causa son analizados por los fiscales, quienes buscan determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los involucrados. Asi, el objetivo es establecer el funcionamiento de la presunta maniobra para obtener pensiones por invalidez mediante documentación médica que estaría siendo objeto de investigación.
Comunicado del Hospital
En paralelo, el Hospital Enrique Romero de El Quebrachal emitió un comunicado oficial luego de que una imagen de sus instalaciones fuera incluida en el informe difundido por Gendarmería Nacional sobre los procedimientos realizados.
Las autoridades del nosocomio aclararon que el hospital no tiene competencia ni intervención en los trámites de otorgamiento de pensiones y remarcaron que el allanamiento realizado en sus instalaciones no implica una participación institucional en los hechos investigados.
“Esta medida no implica ni presupone que el hospital haya sido utilizado como ámbito para el otorgamiento de pensiones irregulares“, señalaron desde la institución.
Además, explicaron que el procedimiento se llevó adelante porque algunos de los profesionales bajo investigación desempeñan tareas en ese centro de salud, por lo que la Justicia consideró necesario realizar diligencias en sus lugares de trabajo.
Desde la administración hospitalaria aseguraron que colaboraron plenamente con las autoridades judiciales y pusieron a disposición toda la información requerida durante el operativo.
El comunicado también ratificó la posición del Ministerio de Salud Pública y de la actual gestión hospitalaria en favor de la transparencia, la legalidad y el correcto uso de los recursos públicos. Asimismo, las autoridades solicitaron respetar el principio de inocencia de los profesionales involucrados hasta que la Justicia determine las responsabilidades correspondientes.
El documento lleva la firma del ministro de Salud Pública, Federico Mangione, y del gerente general del hospital, Lucas Díaz.