Por las amenazas en las escuelas hay 135 actuaciones judiciales abiertas
Autoridades del Ministerio Público Fiscal y ministros del Poder Ejecutivo analizaron el impacto de los escritos de amenazas de tiroteo en distintas instituciones educativas, que derivó a múltiples intervenciones judiciales en Salta. Se registran demoras, detenciones y causas penales en curso.
El procurador General de la Provincia de Salta, Pedro García Castiella, encabezó una reunión de trabajo junto a la ministra de Educación y Cultura, Cristina Fiore, el ministro de Seguridad, Gaspar Solá Usandivaras, y el coordinador de Fiscales, Pablo Rivero.
Durante el encuentro analizaron evaluar las actuaciones judiciales y policiales vinculadas a mensajes intimidatorios detectados en el ámbito escolar. Además evaluaron el alcance de la problemática que se registró en la última semana en distintos establecimientos educativos de la provincia, en el contexto de un “reto viral” replicado en Argentina y otros países.
Además, informaron que hasta la fecha registraron 135 actuaciones entre medidas preventivas, 17 demoras y 6 detenciones, en el marco de investigaciones por el delito de intimidación pública. En este marco las autoridades educativas evaluaron los alcances jurídicos de las conductas detectadas, así como la activación de protocolos internos en las instituciones afectadas.
Analizan la continuidad de las clases pese a las amenazas
La ministra de Educación informó que no suspendieron los dictados de clases en ningún establecimiento y que continuará desarrollándose con normalidad, garantizando la colaboración necesaria para el avance de las investigaciones.
Asimismo, indicó que se encuentran en evaluación posibles medidas disciplinarias en el ámbito educativo para quienes resulten responsables de los actos denunciados. Señaló también que este año se aplica una normativa innovadora con protocolos de actuaciones para casos de bullying, ciberacoso y violencia entre pares.
En este sentido analizaron la creación de una unidad de prevención con intervenciones para las que serían convocados padres o tutores, en el marco de la Ley Nacional 26892 que establece las bases para la promoción de la convivencia y el abordaje de la conflictividad social en las instituciones educativas.
Por su parte, el ministro de Seguridad destacó el importante despliegue de recursos policiales destinados a tareas de prevención, control y procedimiento. Además remarcó la responsabilidad legal de padres o tutores frente a conductas delictivas de menores a su cargo.
Finalmente, avanzaron en la planificación de nuevas instancias de capacitación dirigidas a equipos educativos, fuerzas de seguridad y operadores del sistema, con el objetivo de fortalecer la detección temprana y el abordaje adecuado de este tipo de conductas.