Provincia avanza con obras sociales para fortalecer el sistema de salud y combatir el plus médico
El Ministerio de Salud Pública de Salta y representantes de nueve asociaciones de la provincia pactaron una mesa trabajo permanente con la meta formalizar deudas, acelerar los procesos administrativos y reforzar la atención médica de los trabajadores afiliados.
La reunión fue dirigida por el ministro de Salud Pública, Federico Mangione, quien junto a los dirigentes gremiales evaluó el estado económico en el que se encuentran las obras sociales y las alternativas para garantizar la continuidad de las prestaciones en toda la provincia.
Durante la jornada , los delegados asumieron la responsabilidad de cancelar las deudas pendientes con plazos de pago de hasta 30 días y avanzar en la firma de convenios directos con la red de hospitales públicos, con el fin de optimizar la prestación de los servicios
Además, expusieron las dificultades que enfrenta el sector debido al impacto de la inflación y al aumento de los costos operativos, factores que, según indicaron, afectan la sostenibilidad de las obras sociales y hacen necesario un trabajo articulado con el Estado.
Como parte de los acuerdos alcanzados, se impulsará la digitalización del sistema de facturación de las prestaciones médicas y se fortalecerán las auditorías sobre insumos y prótesis para mejorar el control del gasto, reducir los tiempos administrativos y agilizar las transferencias financieras.
Participantes y otras cuestiones centrales
De la reunión participaron representantes de los gremios de Camioneros Martín Guayamas , Lauro Paz (Luz y Fuerza) ,Carlos Cabana (SMATA) , Jorge Muguertigue (SUETRA), Alfredo Suárez (UOM), José López (Farmacia),Pedro Cruz(UTA), Hugo Díaz (UTEDYC )y Fabián Guerrero (Pasteleros), quienes respaldaron la creación de este espacio de trabajo conjunto para mejorar la gestión y el funcionamiento del sistema.
Otro de los temas centrales fue el cobro indebido del denominado plus médico. Tanto el Ministerio como los representantes de las obras sociales coincidieron en la necesidad de reforzar los mecanismos de control para prevenir esta práctica, que genera costos adicionales para los afiliados y vulnera sus derechos. En ese sentido, se avanzará en acciones conjuntas de fiscalización para erradicar este tipo de irregularidades.