Salta

Rechazan el pedido de prisión domiciliaria para “Kila” Gonza y seguirá detenido en el penal

La Junta Médica que evaluó el estado de salud de Ernesto Fernando “Kila” Gonza concluyó que el exintendente de San Lorenzo está en condiciones de continuar alojado en la Unidad Carcelaria N° 1 y no requiere el cumplimiento de la condena bajo la modalidad de prisión domiciliaria.

El dictamen, realizado el pasado 13 de noviembre, sostiene que, pese a sus antecedentes cardiovasculares y los valores elevados de presión arterial registrados durante el examen, su situación clínica permite que permanezca detenido, siempre que se garanticen determinados cuidados y controles médicos.

El informe fue elaborado por los médicos del Servicio Médico Forense del Poder Judicial, María Constanza Serafini y Daniel Chirife, junto al médico de la querella, Benito Mena. La evaluación se realizó en los consultorios médicos del Poder Judicial, en el marco de un incidente judicial presentado por los abogados defensores Tomás Aranda y Juan Diego Herrera. Estaba prevista la participación de un médico de parte de la defensa. Sin embargo, no pudo asistir por una emergencia médico-quirúrgica, según se informó durante la diligencia.

Durante el examen, los profesionales constataron que Gonza, de 59 años, se encontraba lúcido, orientado y colaboraba con la evaluación. También señalaron que podía movilizarse por sus propios medios, sin necesidad de asistencia de terceros ni elementos ortopédicos.

Antecedentes médicos

Sin embargo, el informe registró antecedentes médicos que requieren seguimiento. Entre ellos, se destaca un síndrome coronario agudo por el que debió someterse a un cateterismo cardíaco con colocación de dos stents el pasado 13 de mayo. El procedimiento tuvo un resultado exitoso y recibió el alta sanatorial dos días después, con indicación de controles posteriores en el Hospital San Bernardo.

A esto se suma un cuadro de hipertensión arterial. Según lo manifestado por el propio Gonza, había sido trasladado en dos oportunidades al Hospital San Bernardo por presentar valores de presión elevados, de entre 170 y 190. También refirió que se encontraba medicado con valsartán y otros fármacos, aunque todavía tenía pendiente la realización de algunos estudios complementarios.

En el examen físico realizado por la Junta Médica se registró una presión arterial de 180/90 mmHg y una frecuencia cardíaca de 100 pulsaciones por minuto. No obstante, los especialistas describieron al paciente como clínicamente estable y sin alteraciones relevantes en los demás parámetros evaluados.

La conclusión médico-legal fue que Gonza puede continuar detenido en el establecimiento penitenciario, siempre que se cumplan estrictamente las indicaciones médicas. Entre ellas figuran el control periódico de la presión arterial, la provisión y administración regular de la medicación, una dieta hiposódica para pacientes cardíacos y la actividad física indicada para su rehabilitación cardiovascular.

Los profesionales señalaron que estas medidas pueden cumplirse dentro del penal, que cuenta con servicio de Sanidad, enfermeros, médicos con cobertura durante las 24 horas y una unidad de traslado para situaciones de emergencia.

Una condena de siete años

La situación médica de Gonza se produce mientras cumple una condena de prisión efectiva. El exintendente quedó sentenciado el 31 de marzo de 2026 a cinco años de prisión por cinco hechos de peculado y uno de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. Sin embargo, al revocarse una condena condicional anterior y unificarse ambas penas, la sanción quedó establecida en siete años de prisión efectiva, además de la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos.

La sentencia también alcanzó al exsecretario de Hacienda municipal, Rogelio Guaymás, quien recibió cinco años de prisión efectiva por hechos de peculado, y al exconcejal Aldo Dalmiro Gonza, condenado a tres años de prisión condicional por su participación necesaria en uno de los hechos.

La investigación se originó a partir de una denuncia impulsada por la actual gestión municipal de San Lorenzo, luego de una auditoría sobre la administración anterior. Entre las irregularidades analizadas durante el juicio se encontraban el manejo de fondos públicos, contrataciones municipales y falta de rendiciones de cuentas.

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