Sáenz avanza con la baja de planes sociales de ANSeS a extranjeros

El gobernador Gustavo Sáenz, anunció este lunes que la provincia iniciará un proceso de revisión para dar de baja los planes sociales otorgados por la ANSeS a ciudadanos extranjeros que no residen en la Argentina.

La medida, en línea con las reformas migratorias impulsadas por el presidente Javier Milei, apunta a limitar el acceso a beneficios sociales por parte de personas que cruzan la frontera exclusivamente para percibir estos aportes. “Buscamos defender los intereses de los argentinos”, manifestó Sáenz a través de las redes oficiales del gobierno salteño. En su declaración, el mandatario remarcó que su administración está “colaborando con todo lo necesario” para acompañar las medidas nacionales orientadas a endurecer los controles migratorios y transparentar el uso de los recursos del Estado.

El anuncio fue respaldado públicamente por el presidente Javier Milei, quien compartió el mensaje en sus redes sociales. También la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, celebró la iniciativa provincial, encuadrándola dentro del marco de la reforma migratoria que impulsa el Ejecutivo.

Sáenz destacó que desde el inicio de su gestión viene reclamando una política más estricta en torno a la asistencia social otorgada a extranjeros no residentes, especialmente por tratarse de una provincia limítrofe con pasos internacionales de alto tránsito. “Salta es una provincia de frontera, y desde que asumí como gobernador venimos insistiendo con este tema. No se trata de xenofobia, se trata de sentido común: priorizar a quienes viven, trabajan y pagan impuestos en nuestro país”, expresó.

Planes sociales, bajo la lupa

El mandatario salteño advirtió que existe una práctica extendida por parte de ciudadanos extranjeros de ingresar al país para cobrar beneficios como la Asignación Universal por Hijo (AUH), y luego retornar a sus países de origen. “Podemos ver en los cajeros de las fronteras las filas de extranjeros cobrando estos beneficios, cuando tenemos jubilados argentinos que cobran la mínima, están pasando hambre y no tienen para comprarse los remedios”, denunció a principios de este año.

En enero, Sáenz ya había elevado un pedido formal a la ANSeS para que realizara un relevamiento exhaustivo de la cantidad de beneficiarios que no residen de forma permanente en la Argentina. “Tenemos que transparentar los recursos que son escasos, para garantizar que lleguen a los ciudadanos argentinos que realmente lo necesitan”, expresó en ese momento, advirtiendo que muchos beneficiarios presentan doble residencia y utilizan los recursos públicos sin contribuir a la economía nacional.

Antecedentes y decisiones locales

La postura de Gustavo Sáenz sobre la asistencia a extranjeros no residentes no es nueva. El año pasado, el gobierno provincial implementó el cobro de la atención médica a extranjeros sin residencia, medida que, según el mandatario, tuvo un impacto directo y positivo en el sistema sanitario salteño.

“Empezamos a cobrarles y cayó un 95% la atención de los extranjeros en nuestra provincia, lo que permitió un ahorro importante. Gracias a eso, en los próximos días tendremos 14 ambulancias nuevas, y estamos llamando a licitación para comprar 20 más que serán distribuidas en todos los rincones de Salta”, explicó el gobernador. La provincia cuenta con pasos fronterizos estratégicos como Salvador Mazza y Aguas Blancas, donde se concentra un elevado volumen de migración diaria. Las autoridades locales han denunciado reiteradamente el uso de servicios públicos por parte de personas que no residen en Argentina, lo que genera una presión adicional sobre los sistemas de salud, educación y seguridad social. La decisión del gobernador Sáenz ha sido celebrada por sectores que reclaman una gestión más eficiente de los recursos públicos, pero también ha despertado críticas por parte de organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos de las personas migrantes. Si bien el anuncio apunta a combatir el uso indebido de los planes sociales, también reaviva el debate sobre los límites del acceso a derechos en contextos de frontera, y sobre cómo compatibilizar el control estatal con el respeto a la dignidad y necesidades de quienes se movilizan por razones económicas, sociales o familiares.