El país nórdico sanciona otra norma que obliga a la mayoría de funcionarios a denunciar a los sin papeles.

El Parlamento sueco aprobó el lunes una ley que refuerza la represión contra los migrantes al permitir a las autoridades no conceder o revocar con carácter retroactivo los permisos de residencia de los inmigrantes por criterios vagos englobados en la definición general de “mala conducta”. No está claro qué se va a considerar como tal, pero se han filtrado criterios como tener deudas pendientes, no declarar trabajos o mantener vínculos con organizaciones extremistas.

El país nórdico sancionó además, en la misma jornada, otra ley conocida ya como “del soplón”, pues obliga a los funcionarios públicos del Servicio Público de Empleo, la Seguridad Social, el Servicio de Prisiones y Libertad Condicional, la Agencia de Pensiones y la Agencia Tributaria a denunciar a cualquier persona sospechosa de no tener papeles.

Ambas normas son sendos pasos más en un endurecimiento general de las leyes de inmigración del país nórdico, emprendido por el Gobierno de centroderecha del país e impulsado por el partido populista de extrema derecha Demócratas de Suecia, de cuyo apoyo depende el Ejecutivo. Esta formación ha proclamado que su intención es crear uno de los entornos más hostiles de Europa para los no europeos.

La norma que permitirá la expulsión de los migrantes por faltas como no declarar un trabajo ha sido criticada por la oposición y por grupos de defensa de los derechos humanos por considerarla “arbitraria”, ya que la decisión de no conceder o incluso revocar el permiso de residencia se tomaría en función de comportamientos no tipificados como delitos.

“La ley de buena conducta deja a las personas en la incertidumbre sobre qué acciones o expresiones pueden utilizarse en su contra”, afirma en un comunicado el grupo CivilRights Defenders, con sede en Estocolmo. “Socava el Estado de derecho  y el principio de igualdad ante la ley”, continúa el texto.

El actual Gobierno sueco, que ganó las elecciones de 2022 con la promesa de reducir la inmigración y tomar medidas enérgicas contra la delincuencia, ha afirmado que las personas que se comportan mal o cometen delitos no son bienvenidas en el país.

La ley no especifica qué tipos de comportamientos se consideran inaceptables, pero el Gobierno ha mencionado las deudas impagadas, el impago de impuestos, la delincuencia y los vínculos con organizaciones extremistas. La Agencia de Migración tiene la tarea de revisar los permisos y la decisiones pueden ser recurridas ante un tribunal de migración.

“Cualquiera que no se esfuerce por hacer lo correcto no debería poder contar con quedarse”, dijo el ministro de Migración, Johan Forssell, cuando presentó el proyecto de ley en marzo.

Jacob Lind, investigador en migraciones internacionales de la Universidad de Malmö, considera que la votación del lunes en el Parlamento sueco “tendrá consecuencias devastadoras para los migrantes indocumentados, que se verán aún más marginados al restringirse su acceso a los derechos”, según un comunicado de la ONG de defensa de derechos de los migrantes PICUM, informa Lola Hierro.

La segunda ley aprobada este lunes por estrecho margen —174 a favor y 172 en contra— obliga a los funcionarios públicos a denunciar a todo extranjero del que sospechen que no tiene sus papeles de residencia en regla. Esta polémica ley suscitó tantas críticas que, al final, los profesores, médicos y trabajadores sociales han quedado exentos de esa obligación de denunciar.

No así los empleados de instituciones públicas como las oficinas de empleo, del fisco sueco o de la seguridad social que sí deberán comunicar inmediatamente con la policía cuando crean haber atendido o tratado con una persona sin papeles.

Para el investigador Lind, esa ley supone, entre otras cosas, “una violación directa de los derechos de los niños —consagrados en la legislación sueca desde 2020— y atenta contra la integridad y la imparcialidad de los funcionarios públicos (…) Se trata de una política cruel e ineficaz que abre la caja de Pandora de la delación, un sello distintivo de los Estados autoritarios”.

Algunas organizaciones de derechos humanos ya han anunciado su intención de recurrir para derogar esta ley. Por ejemplo PICUM, cuya responsable de incidencia política, Louise Bonneau, describe como “un gran revés para los derechos humanos en Suecia” la aprobación de las nuevas normas antiinmigración, en el comunicado de la ONG.

“La obligación de notificación impuesta a los [funcionarios de los] organismos públicos crea un clima de miedo que perjudica no solo a las personas indocumentadas, sino a todas las personas que dependen de estas instituciones, así como a los funcionarios que trabajan en ellas”, asegura la responsable de la organización de derechos humanos, que considera igualmente que “las llamadas exenciones para la asistencia sanitaria, las escuelas y los servicios sociales no ofrecen una protección suficiente” a los migrantes. “En la práctica”, afirma, la información sobre su situación migratoria “circulará entre los proveedores de servicios, los organismos y las autoridades de inmigración”.

Un cambio radical

  Las elecciones generales e septiembre de 2022 en Suecia dieron como resultado una coalición minoritaria de centroderecha que depende del apoyo de los Demócratas de Suecia, que obtuvo el 20,6% de los votos en esos comicios y se convirtió en la segunda fuerza más votada del país nórdico . El partido de extrema derecha impulsó entonces un endurecimiento radical de la política de inmigración de Suecia, un país antaño considerado como uno de los más garantistas de Europa para los migrantes y los solicitantes de asilo.

El aumento de la violencia de grupos criminales y los incidentes con armas de fuego en algunas zonas de Suecia en abril de 2022 marcaron la campaña electoral de los comicios de ese año e impulsaron a la extrema derecha, que vinculó esa delincuencia con la inmigración.

Desde entonces el Gobierno sueco ha ido revirtiendo beneficios de los que disfrutaban antes los migrantes e impulsado iniciativas como la campaña, a principios de 2026, para disuadir a los inmigrantes de instalarse en el país, con el argumento de que la acogida de migrantes es ya “insostenible”. Para numerosos expertos, esas políticas en las que se enmarcan las dos nuevas leyes aprobadas el lunes constituyen un cambio de paradigma .

Fuente: EL PAIS