Un abogado imputado por estafas procesales
La causa se inició a partir de irregularidades detectadas por juzgados Civiles y Comerciales de Procesos Ejecutivos en expedientes con el patrocinio de un mismo letrado.
Desde UDEC se inició una investigación que también involucra a una mujer y que incluyó el análisis de más de 70 expedientes, entrecruzamiento de datos y tareas de campo, donde se detectaron presuntas estafas vinculadas al uso de pagarés y la promoción de juicios ejecutivos.
La fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, imputó provisionalmente a un abogado del fuero local y a una mujer por los presuntos delitos de estafas procesales reiteradas (28 hechos), en concurso real; estafas procesales reiteradas en concurso ideal con falsificación de instrumento privado (18 hechos); estafas procesales reiteradas en concurso ideal con el delito de abuso de firma en blanco (31 hechos) y usura agravada. Durante la audiencia, ambos fueron representados por abogados particulares. Tras la lectura del decreto de imputación, manifestaron que presentarán su declaración por escrito.
La intervención de UDEC se inició a partir de informes remitidos por los titulares de los Juzgados de Procesos Ejecutivos, quienes detectaron irregularidades sistemáticas en expedientes promovidos por una misma parte actora. Entre las anomalías se advirtió la reiteración injustificada de domicilios denunciados para los demandados, incluso con coincidencias entre domicilios de actores y demandados.
Abuso de firma en blanco y usura agravada
Personal de la Unidad de Investigación UDEC del CIF analizó más de 70 expedientes judiciales, en los que detectó patrones reiterados de conducta, logrando individualizar a una mujer (la actora) y a un abogado con matrícula en Salta como su patrocinante.
Los investigadores efectuaron constataciones en distintos inmuebles y verificaron que muchos de los domicilios utilizados eran inexistentes, se encontraban deshabitados o pertenecían a terceros sin vinculación con las causas. En paralelo, se desarrollaron tareas de entrecruzamiento de datos y seguimiento que permitieron identificar a los imputados y diversos domicilios vinculados a la maniobra.
También se incorporaron informes patrimoniales que evidenciarían inconsistencias económicas compatibles con el uso de personas como prestanombres, y se detectó la existencia de una sociedad comercial, Famosa Bankia SA, presuntamente utilizada como estructura de soporte de la operatoria.
De acuerdo con los elementos reunidos, los investigados habrían desplegado un mecanismo consistente en la captación de personas en situación de vulnerabilidad económica; el otorgamiento de préstamos informales bajo condiciones abusivas; la exigencia de suscripción de pagarés en blanco y el posterior llenado de dichos documentos con montos y datos falsos o desproporcionados.
Luego, promovían demandas ejecutivas basadas en esos títulos, consignando domicilios inexistentes, abandonados o ajenos a los deudores, lo que impedía su correcta notificación, colocándolos en estado de indefensión y permitiendo la obtención de embargos sin posibilidad de defensa, con el consecuente desapoderamiento.