Audiencia clave por la autorización del desmonte de más de 12 mil hectáreas
Cuenta regresiva para la convocatoria de Ambiente de la provincia a una audiencia pública, el próximo 18 de octubre en la localidad de Orán, con el fin de autorizar el desmonte de casi 12.000 hectáreas de bosques nativos en la Finca “El Chaguaral”.
Este desmonte, solicitado por la empresa Quebracho Colorado S.A., de los hermanos estadounidenses Paul David Gabel y David Kent Gabel, se destinaría a proyectos agroganaderos, lo que ha provocado una fuerte oposición de organizaciones ambientalistas y de derechos humanos.
Sobre el tema se expidieron desde la ONG Greenpeace, señalando su profunda preocupación por esta iniciativa, que permitiría la destrucción de 11.955 hectáreas de la finca ” El Chaguaral”, con serios impactos sobre el ecosistema y las comunidades indígenas. “El gobierno de Sáenz prepara los trámites para legalizar la impunidad y el ecocidio”, afirmó Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace. Además, destacó que mientras se convocan audiencias públicas para favorecer a grandes productores agropecuarios, el gobierno impulsa en la Legislatura una flexibilización de la Ley Provincial de Bosques, lo que abriría la puerta a nuevos desmontes masivos.
El caso de Quebracho Colorado S.A. no es nuevo. En 2013, la empresa fue denunciada por Greenpeace por un desmonte que afectó a las comunidades wichi de El Traslado, Pozo El Bravo y Desemboque. Según la organización ambientalista, la empresa tiene un historial de pedidos de desmontes en Salta que suman más de 68.000 hectáreas, de las cuales ya ha desmontado 17.200.
La crítica situación en Salta
El panorama se agrava cuando se analiza la tendencia de los desmontes en la provincia. Desde la sanción de la Ley Nacional de Bosques en 2007 hasta fines de 2022, se han desmontado 714.052 hectáreas de bosque nativo en Salta; Greenpeace estima que solo en 2023 la deforestación alcanzó las 8.526 hectáreas, muchas de ellas en zonas habitadas por el yaguareté, especie en peligro crítico de extinción. Además, la organización ha denunciado la propuesta del gobierno provincial de modificar el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN). Esta actualización incluiría una nueva categoría de zonificación, denominada “marrón”, que permitiría desmontes en áreas previamente protegidas. Esta categoría, inexistente en la Ley Nacional de Bosques, abarcaría más de 3 millones de hectáreas, lo que, según Greenpeace, constituiría una flexibilización de las normas de protección ambiental. Giardini advirtió que, si se aprueba esta modificación, Greenpeace recurrirá a la Corte Suprema de Justicia para frenar lo que considera una “catástrofe para los bosques y las comunidades indígenas y campesinas”. Las críticas también apuntan a que esta actualización no contempla la restauración de los desmontes ilegales ya realizados ni ha incluido la consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas afectadas.