En Las Lajitas vetan el aumento del 130% dispuesto para la dieta de los concejales
El Ejecutivo Municipal de Las Lajitas resolvió vetar la ordenanza que disponía un incremento del 130% en la dieta de los concejales, al considerar que la medida resulta incompatible con la situación financiera actual del municipio. La decisión fue formalizada mediante la Resolución N° 13/2026.
La medida fue adoptada por el intendente Fernando Alabí, quien fundamentó el veto en la “inviabilidad económica” del aumento. Según se informó oficialmente, el incremento propuesto aparece como desproporcionado frente a los recursos disponibles, en un contexto en el que la coparticipación apenas alcanza para sostener la estructura salarial vigente.
Desde el Ejecutivo también se advirtió que la ordenanza no se ajusta a los parámetros establecidos por el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal, ni a normativas locales que limitan el crecimiento del gasto público por encima de la inflación. A esto se suma la falta de una partida presupuestaria específica que respalde el incremento, un punto que, según remarcaron, comprometería seriamente las cuentas municipales.
En ese marco, el gobierno local remarcó que avanzar con el aumento podría impactar directamente en la prestación de servicios esenciales, al implicar un mayor gasto sin financiamiento previsto. La decisión, en ese sentido, busca evitar un desbalance que termine afectando áreas sensibles de la gestión.
Por otro lado, mediante la Resolución N° 14/2026, el Ejecutivo dispuso una serie de medidas orientadas a contener el gasto y sostener el equilibrio fiscal. Entre ellas, se incluyen la reasignación de recursos hacia demandas prioritarias y la reducción de erogaciones consideradas no esenciales.
El municipio también ratificó que mantiene, desde diciembre de 2019, una política de equilibrio entre ingresos y gastos, en línea con criterios de disciplina fiscal. En esa misma línea, adhirió a disposiciones provinciales establecidas por el Decreto N° 206/2026, que prevé acciones de austeridad por un plazo de 180 días.
Entre esas medidas se destacan la suspensión de aumentos salariales para autoridades superiores, el congelamiento de vacantes y la restricción de nuevas incorporaciones en la administración pública, además de un control más estricto sobre los gastos operativos.