Aún sin inaugurar el cerco de 200 metros en una frontera de 738 kilómetros, sigue generando voces en contra y a favor.
En este caso referentes y concejales del Movimiento Socialista de Trabajadores (MST) y del Frente de Izquierda dieron a conocer un comunicado repudiando esta construcción.
Así señalan que tras conocerse en estos días, una de las parte del Plan Güemes en el norte salteño, donde Patricia Bullrich y el gobernador Gustavo Sáenz coordinan la licitación para llevar adelante un alambrado en Aguas Blancas para que frene el ingreso de inmigrantes bolivianos a nuestro país, el narcotráfico y el sicariato, Andrea Villegas, y Samuel Huerga hicieron conocer su opinión al respecto de rechazo.
Opiniones
Andrea Villegas, dirigente del MST-Frente de Izquierda en Salta expresó: “A lo Trump pero en nuestro país. Lejos del muro yanqui, quieren poner 200 metros de alambre que nada afectará al narcotráfico. Bullrich y Sáenz demuestran una vez más que no les tiembla el pulso para seguir atacando a la clase trabajadora, arrojando responsabilidades que deberían buscar en la casta que los acompaña.
El narcotráfico que dicen combatir esta entre sus filas y no en la gente que trabaja de manera informal al verse sin otra salida”, sostuvo la dirigente.
Muerte de Gómez
Por su parte Samuel Huerga, concejal (mc) y dirigente del MST-FIT en Orán se refirió a la situación asegurando que: “el asesinato de Fernando Gómez y sus compañeros heridos con balas de plomo son muestra de la finalidad del Plan Güemes, y que a más de un mes no se tenga ningún nombre de quiénes actuaron esa noche fatídica, muestra el intento de impunidad por parte del Estado para proteger a los responsables materiales y políticos, matando a una persona que transportando hojas de coca sobrevivía junto a su familia en la absoluta pobreza, muy alejado del relato oficial de que se trataba de un narcotraficante. Desde la inmediata reacción popular en Orán, hasta hoy se sigue exigiendo justica y se prepara un gran festival por justicia al cumplirse dos meses de su asesinato”.
Otros puntos en el rechazo
Para finalizar Villegas también se refirió a medidas en las que señala “son un ataque contra el colectivo LGBTIQ+ y el movimiento de mujeres, ya que se suma esta nueva medida de criminalización contra los inmigrantes y quienes trabajan de manera informal. Rechazamos el cerco de la xenofobia y todo accionar que ataque los derechos del pueblo trabajador que es uno y sin fronteras. Nos preparamos para marchar por las calles de la provincia contra las políticas y los discursos reaccionarios de la ultraderecha”.
Preocupación en Bolivia
El impacto en las comunidades fronterizas parece ser el punto más sensible de esta medida. En lugares como Bermejo y Aguas Blancas, la vida cotidiana depende en gran parte del tránsito fluido entre Bolivia y Argentina. Así lo hacen ver autoridades bolivianas como el mismo Evo Morales, que está manifestando su oposición, o autoridades de Tarija que muestran su aflicción por el hecho.
Así, remarcan que esto afectará directamente a comerciantes, bagayeros y familias que dependen del intercambio diario y que ahora se enfrentan a una posible restricción que podría afectar su economía y su rutina.
En Bermejo, por ejemplo, el comercio informal y el contrabando son parte del tejido social. En ese sentido, el ejecutivo del MAS en Tarija, Andrés Meriles, señaló que muchos habitantes cruzan a Argentina para comprar productos más baratos o vender mercadería en pequeños volúmenes.
Un enmallado de 200 metros no solo representa una barrera física, sino que también simboliza una política que podría alterar dinámicas históricas.
El malestar social que menciona Meriles es una señal de que las protestas podrían intensificarse si no se encuentra una solución para quienes dependen de este flujo fronterizo.
También está la cuestión de los derechos: si el cerco afecta la movilidad de ciudadanos binacionales, podría haber reclamos legales y diplomáticos.
El asambleísta José Yucra, que además es oriundo de Bermejo, recordó que existe una Comisión Binacional entre Bolivia y Argentina que trata temas fronterizos, como economía, contrabando y el flujo migratorio de personas.
“Esta Comisión es la que determina las políticas de acción entre Argentina y Bolivia. La Cancillería y el Gobierno ya debieron pronunciarse”, lamentó ante los micrófonos del diario El País de Tarija.