En la causa de las Fakes news, ahora imputaron a Federico Mena Saravia
La causa abierta por la presunta comisión del delito de “intimidación pública”, a raíz de publicaciones y difusión de videos anónimos en la red social Tik Tok, sumó un quinto imputado.
La fiscal penal especializada en Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo, imputó de forma provisional al empresario mediático Federico Mena Saravia como autor mediato del delito de intimidación pública. La causa fue abierta en diciembre del año pasado, después de una serie de allanamientos a empleados del Congreso nacional, que se desempeñaban en la oficina del diputado nacional por Salta, Emiliano Estrada.
El decreto de imputación se emitió el pasado 29 de enero y fue notificado el día 30. Al encontrarse de viaje en Estados Unidos, el imputado se presentó a través de un abogado particular y la audiencia de imputación se concretará a su regreso al país, después del 15 de marzo. Mena Saravia es un empresario vinculado a los medios de comunicación y emprendimientos vitivinícolas en la provincia de Salta y el exterior, y su imputación se produce a partir del rumbo que tomó la investigación con la recepción de testimonios obtenidos durante la investigación y otras medidas, de donde surgiría su participación en los hechos investigados. La Fiscal puntualizó que la causa se inició sin tener personas físicas identificadas en primera instancia, y del avance producido, se imputó inicialmente a dos personas (Florencia Arias Bustamente y Javier Alonso Allemand), en forma posterior a otras dos y finalmente a una quinta, que surgieron de las tareas investigativas y quienes estarían involucradas en la comisión del delito que se investiga.
Cabe recordar que el delito de intimidación pública busca castigar toda conducta que cause temor en la sociedad de manera tal que tenga la potencialidad de incidir en el normal desenvolvimiento de los poderes del Estado y desestabilizar el orden democrático e inconstitucional, auspiciando intervenciones interruptivas de los gobiernos surgidos de la voluntad popular. La fiscal Cornejo destacó que, independientemente del delito que la Fiscalía a su cargo investiga, caracterizado como de acción pública y de competencia ordinaria, y que tiene como bien jurídico protegido el orden público, y no persona alguna en particular, la investigación a su cargo no comprende las otras eventuales afectaciones diferentes que pudiesen generar compromiso o agravio en personas físicas en particular, a las que -en su caso- la ley les concede la posibilidad de presentar querella penal privada. En lo específico, se pudo precisar la existencia de por lo menos cinco videos que reconocen claramente una insistente trazabilidad común que los uniforma homogéneamente con señalamientos hacia el estado salteño y vinculaciones con el narcotráfico.