“Nos tropezamos con Gerala”, sostuvo el fiscal Villalba
El fiscal explicó que, puesta en marcha las tareas de campo e inteligencia en torno a Medina, la fiscalía “se tropezó” con los Gerala, ya que, de una intervención telefónica, se identificó a una persona que se jactaba de poseer la estructura suficiente para el saqueo de los rieles, con camiones para su traslado.
El interlocutor no era otro que Miguel Gerala, hijo del exintendente, quien, por sus propios dichos, ya había incursionado en el robo de rieles, por lo que ambos se beneficiaron mutuamente del saqueo de las vías férreas, el contrabando al vecino país de Bolivia y su comercialización. Cabe recordar que, a la fecha de los hechos cometidos, la exportación de material ferroso estaba prohibida por el decreto 70/23 del PEN.
Remarcó que dicha conversación fue clave para el esclarecimiento del caso, pues se pudo establecer que, tal como el hijo de Gerala lo había mencionado, esta organización delictiva había saqueado varios tramos de las vías férreas del Ramal C-25, entre las localidades de Dragones, Pluma de Pato y Morillo, en el Chaco salteño.
El saqueo no fue diseñado al azar, sino estratégicamente, ya que se hacía a la par de la ruta 81, por donde se trasladaban luego los rieles que eran extraídos gracias al uso de herramientas y maquinaria de la Municipalidad de Morillo, cuyo jefe era Atta Gerala.
Para la fiscalía, el exintendente tratará de desconocer qué hacía su hijo, sin embargo, las evidencias dan cuenta de que no sólo sabía, sino que también tenía injerencia directa. Prueba de ello es “el secuestro de 15 rieles en una propiedad perteneciente al acusado”, como así también otros 180 en Padre Lozano.
Utilizaban a comunidades aborígenes
Al profundizar sobre la mecánica de los saqueos, el fiscal no ocultó su tristeza al revelar que un denunciante anónimo sostuvo que el exintendente y los otros imputados se valían de integrantes de distintas comunidades aborígenes wichí de la zona, quienes eran trasladados en una camioneta del acusado. Este hecho quedó registrado en un video que, a lo largo del debate, será exhibido.
Indicó que todo este circuito ilícito contó con un aporte clave que provino, lamentablemente, de un cabo primero de Gendarmería Nacional, Jorge Cabrera, y del policía Rodríguez, encargados de “liberar la ruta” para el paso de los camiones con el material robado. Pese a ello, destacó la labor y el esfuerzo de los gendarmes que sí mantienen en alto el juramento de combatir el delito.
El fiscal subrayó, por último, el valor probatorio de las evidencias reunidas, para luego ratificar las imputaciones penales contra ambos acusados. Las defensas, en cambio, alegaron la inocencia de sus representados y adelantaron que solicitarán la absolución.
La investigación del caso se formalizó el 8 de noviembre de 2024 ante el juez federal de Garantías de Orán, Gustavo Montoya. Los primeros en ser detenidos fueron Medina y el hijo de Gerala, ambos imputados por contrabando de mercadería agravado por el número de intervinientes y por el uso de un paso no habilitado, en calidad de coautores.