El Ministerio Público Fiscal apeló la liberación de Dimas Ruiz y pidió fijar juicio
La Unidad de Litigio Estratégico contra el Crimen Organizado del Ministerio Público Fiscal de Salta presentó un recurso de apelación contra la decisión del juez Mario Maldonado que otorgó la libertad a José Dimas Ruiz.
Desde la Fiscalía cuestionaron la resolución judicial y advirtieron que contiene “errores relevantes” en la valoración de los antecedentes del imputado. Asimismo, advirtieron inconsistencias en el análisis del proceso.
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Uno de los principales puntos señalados por los fiscales es que la sentencia sostiene que Ruiz no habría accedido previamente a beneficios de excarcelación. Sin embargo, eso no se correspondería con los registros del caso.
De acuerdo a la apelación, el imputado había sido beneficiado con prisión domiciliaria en marzo de 2023 por decisión del entonces juez Claudio Parisi.
La Unidad Fiscal sostiene además que, durante el cumplimiento de ese beneficio, Ruiz habría participado en otros dos delitos contra la propiedad. Esos hechos derivaron en la revocación de la medida.
Los fiscales también cuestionaron el razonamiento del magistrado al descartar la existencia de conductas dilatorias por parte del acusado. En ese sentido, plantearon que Ruiz habría intervenido en el pago de una suma de dinero al exjuez Parisi para obtener la prisión domiciliaria.
Ese hecho, señalaron, fue considerado en el proceso que culminó con la destitución del exmagistrado, lo que reforzaría la gravedad institucional del caso.
Demoras en el proceso judicial
Otro eje central de la apelación se vincula con las demoras en la realización del juicio. La Fiscalía atribuyó parte de esas dilaciones a decisiones adoptadas durante la etapa de investigación.
En particular, cuestionaron al juez de Garantías por haber negado en reiteradas oportunidades la autorización para extraer información de los teléfonos celulares secuestrados en la causa.
Según indicaron, esa negativa obligó a la Unidad Fiscal a recurrir en queja ante el Tribunal de Impugnación. Allí, finalmente se revocó la decisión y habilitó el acceso al contenido de los dispositivos.
También señalaron que el mismo magistrado habría demorado el proceso al no elevar un informe que estaba legalmente obligado a presentar.
La Fiscalía extendió sus cuestionamientos al propio Tribunal de Juicio, integrado por el juez Maldonado, al sostener que inicialmente se negó a intervenir en la realización del debate.
Esa decisión fue impugnada por el Ministerio Público Fiscal mediante un planteo de nulidad que, tras ser rechazado, fue nuevamente recurrido y posteriormente revocado por el Tribunal de Impugnación.
Para los fiscales, estas situaciones contribuyeron a dilatar el avance del proceso y afectan el normal desarrollo de la causa.
En su presentación, la Unidad Fiscal solicitó al Tribunal de Impugnación que revoque la decisión que otorgó la libertad a Ruiz y disponga la fijación inmediata de la audiencia de debate.
El planteo apunta a garantizar la continuidad del proceso judicial y evitar nuevas demoras en una causa que, según sostienen, presenta elementos suficientes para avanzar hacia el juicio.