El Congreso aprobó la Reforma de la Ley de Glaciares: los puntos principales del proyecto
La Cámara de Diputados aprobó la iniciativa impulsada por el Gobierno que modifica los criterios de protección ambiental y la regulación de sus actividades económicas.
La normativa vigente, sancionada en 2010, estableció presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglacial.
Tenia el objetivo de resguardar recursos hídricos esenciales para el consumo humano, la biodiversidad y la producción.
Cambios principales de la reforma
Entre los puntos centrales del proyecto se destacan modificaciones en la definición de las áreas protegidas y en la intervención de las provincias en la evaluación de los territorios alcanzados por la ley.
Uno de los cambios más relevantes establece que la protección plena se concentrará en los glaciares que cumplan una función hídrica comprobable, lo que implica una revisión del alcance actual de la norma.
La reforma redefine el concepto de ambiente periglacial, lo que podría reducir la superficie alcanzada por restricciones ambientales.
Además, la iniciativa otorga mayor participación a las provincias en la determinación de qué zonas deben preservarse y cuáles podrían habilitarse para actividades productivas, especialmente vinculadas a la minería y a la explotación de recursos naturales.
El proyecto también plantea evaluaciones técnicas específicas para determinar la relevancia de cada formación glaciar como reserva estratégica de agua, reemplazando el criterio general de protección vigente por un esquema basado en estudios científicos caso por caso.
Debate político y ambiental
El oficialismo sostiene que la reforma busca brindar mayor seguridad jurídica a las inversiones y promover el desarrollo económico en regiones cordilleranas con potencial productivo, particularmente en minería de cobre, litio y otros minerales estratégicos.
Por su parte, sectores de la oposición, organizaciones ambientales y especialistas advierten que los cambios podrían debilitar el principio precautorio y reducir los niveles de protección de reservas de agua dulce consideradas clave frente al cambio climático.
El debate legislativo estuvo acompañado por cuestionamientos sobre la participación ciudadana en el proceso de discusión pública, así como advertencias sobre posibles presentaciones judiciales contra la norma.
La reforma marca un nuevo escenario en la regulación ambiental argentina, en el que se pone en discusión el equilibrio entre la preservación de recursos naturales estratégicos y el impulso a actividades económicas en zonas de alta sensibilidad ecológica.
Fuente: Infobae