La última sesión del Concejo Deliberante de Tartagal estuvo atravesada por un fuerte clima de confrontación que derivó en el retiro de un expediente vinculado al programa nacional “Volver al Trabajo”.
La decisión fue tomada por el concejal Manuel Moreno, de La Libertad Avanza (LLA), quien luego salió a explicar los motivos y denunció presiones externas sobre el cuerpo legislativo. Según relató en declaraciones radiales, el retiro del expediente no implica una suspensión definitiva del tratamiento, sino una medida adoptada ante la falta de condiciones para debatir. “Decidimos retirarlo para analizarlo con la serenidad que el tema merece, lejos de los gritos y las amenazas”, afirmó.
El punto de mayor controversia gira en torno a la forma en que el dictamen ingresó al recinto. Moreno sostuvo que el expediente fue incorporado de manera irregular, fuera de los plazos reglamentarios y sin el análisis correspondiente de la Comisión de Poderes, Peticiones y Legislación (PPL). Incluso aseguró que dicha comisión no se reúne desde julio de 2025, lo que, a su entender, expone un funcionamiento deficiente del circuito institucional.
“Estos ediles dejan mucho que desear porque se burlan de la institución”, lanzó el concejal, en un tono que reflejó el nivel de tensión política que atraviesa al cuerpo. Pero el conflicto no se limitó a cuestiones administrativas.
El momento más álgido de la sesión se produjo cuando Moreno protagonizó un cruce directo con referentes de movimientos sociales presentes en el recinto. Según denunció, estos sectores intentaron influir en la labor legislativa mediante presión directa. “No vamos a permitir que el Concejo sea un lugar de apriete”, sostuvo, y fue más allá al afirmar que su compromiso es con los ciudadanos de Tartagal “y no con los gerentes de la pobreza”. En esa línea, el edil de LLA planteó que existe una lógica instalada que busca condicionar las decisiones del Concejo mediante la presencia y presión de determinados actores sociales. “Se terminó la época donde se legislaba con miedo”, expresó, marcando un posicionamiento político claro frente a estas dinámicas.
Respecto al futuro del expediente, Moreno aseguró que volverá a ser tratado, pero solo cuando estén garantizadas condiciones de respeto y seguridad. “No vamos a sesionar bajo el dictado de ninguna organización”, remarcó. El episodio generó reacciones diversas dentro del Concejo. Mientras sectores de la oposición cuestionaron la decisión y señalaron la falta de diálogo, desde el oficialismo libertario defendieron la medida como un paso necesario para “ordenar” el funcionamiento institucional y evitar injerencias externas.
La situación expone mucho más que una disputa puntual: una tensión persistente entre representación política, organización social y reglas de funcionamiento institucional, en un escenario donde cada sesión parece jugarse al límite.