En Coronel Moldes, con fondos provinciales, se terminaron y entregaron 40 viviendas
En medio del freno de la obra pública nacional y la redefinición de prioridades presupuestarias, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, encabezó este lunes la entrega de 40 viviendas en la localidad de Coronel Moldes en el corazón del valle de Lerma.
El acto no solo tuvo un carácter institucional, sino que volvió a exponer una línea discursiva que la gestión provincial viene consolidando: la decisión de sostener proyectos de infraestructura con fondos propios frente al retiro del financiamiento nacional.
Las unidades habitacionales, ejecutadas a través del Instituto Provincial de Vivienda, habían sido originalmente proyectadas con recursos de Nación. Sin embargo, la interrupción de esos envíos obligó a la Provincia a redefinir la estrategia para concluir el complejo. Según se informó oficialmente, las obras presentaban un avance de entre el 50% y el 60% al momento de su paralización. En ese marco, Sáenz justificó la continuidad de los trabajos bajo una lógica de prioridades: “Esta obra y cada una de las que se están ejecutando en la provincia las están haciendo los salteños con sus aportes”, afirmó.
El mandatario insistió en que la falta de fondos nacionales “no es excusa” cuando se trata de responder a necesidades estructurales como el acceso a la vivienda. El discurso oficial apeló, además, a una construcción simbólica que busca trasladar el mérito de la obra a la comunidad en su conjunto. “En esas casas hay un poquito de cada salteño”, sostuvo el gobernador, al tiempo que remarcó que cada llave entregada representa “la esperanza de tener una casa propia” y una mejora en las condiciones de vida de las familias beneficiarias.
La obra pública y la permanente tensión con Nación
Más allá de la entrega puntual, el acto volvió a poner en evidencia la tensión entre el Gobierno provincial y la administración nacional en materia de obra pública. Sáenz no evitó referirse a esa situación: señaló que las viviendas fueron “dejadas” por Nación y que la Provincia tuvo que asumir el costo de finalizarlas. El planteo no es menor.
En un escenario donde la inversión pública se ha convertido en uno de los principales ejes de ajuste a nivel nacional, las provincias enfrentan el desafío de sostener obras sin el respaldo financiero habitual. En ese contexto, la estrategia de Salta apunta a capitalizar políticamente la continuidad de proyectos que, en otros distritos, quedaron paralizados. La narrativa oficial también incorpora una dimensión moral. “Tenemos la obligación de estar al lado de quienes nos necesitan”, expresó el gobernador, en un mensaje que combina gestión y posicionamiento político frente al electorado.
El rol del IPV y la continuidad del Plan Habitacional
Desde el organismo ejecutor, la titular del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), Laura Caballero, destacó que, pese al contexto económico adverso, se mantiene el objetivo de garantizar el acceso a la vivienda. Según datos difundidos durante el acto, más de 4.300 familias salteñas accedieron a una casa en el marco de la actual gestión. La continuidad de estas políticas, sin embargo, depende en gran medida de la capacidad financiera de la Provincia. La decisión de reactivar obras con recursos propios implica una reasignación presupuestaria que, a mediano plazo, podría tensionar otras áreas del gasto público.
Por su parte, el intendente moldeño Omar Carrasco, reforzó la lectura provincial al señalar que el proyecto “se desfinanció y fue abandonado”, hasta que la administración de Sáenz decidió retomarlo. La obra, según indicó, representa no solo una solución habitacional sino también un impulso para la economía local, en términos de empleo y actividad. Desde las familias adjudicatarias, el mensaje fue de agradecimiento. Simón Vite, en representación de los beneficiarios, valoró la concreción del proyecto como “un sueño hecho realidad” que permite iniciar una nueva etapa con mayor seguridad.
La continuidad de las políticas habitacionales responde a la búsqueda del sostenimiento de la obra pública por parte de la provincia, como herramienta de inclusión social. Sin embargo, también abre interrogantes sobre la sostenibilidad de este modelo en un contexto de restricción fiscal y marcada ausencia de financiamiento nacional. Si bien la decisión política del gobierno salteño, muestra a las claras el ordenamiento en términos de cuentas, y la posibilidad de avanzar en forma autónoma, también exige equilibrio fino en la administración de recursos. En ese cruce entre necesidad social y viabilidad económica, la política habitacional se convierte en uno de los terrenos donde se juega buena parte de la gestión.