Mosconi: la intendenta respondió por redes y el Concejo presiona

La crisis política en General Mosconi sumó un nuevo capítulo luego de que la intendenta Ana Guerrero Palma difundiera un breve video en sus redes sociales en el que aseguró haber respondido a 83 pedidos de informe requeridos por el Concejo Deliberante.

La respuesta, sin embargo, lejos de descomprimir el conflicto, terminó profundizando la tensión institucional. El mensaje audiovisual, de apenas 23 segundos, fue la única reacción oficial tras el faltazo de la jefa comunal a la convocatoria formal realizada por los concejales, en el marco de la Resolución 121/26, que exige precisiones sobre el manejo de los recursos públicos municipales.

Un plantón que tensionó aún más la relación

Lo que debía ser una instancia de rendición de cuentas terminó en un vacío. El pasado 27 de abril, la presidenta del Concejo, Norma Cabral, junto a los ediles López, Carrizo y Gauna, aguardaron sin éxito la presencia de la intendenta y de los funcionarios de las áreas de Hacienda y Rentas. La ausencia fue interpretada por los concejales como un incumplimiento de deberes institucionales, al considerar que se obstaculiza el rol de control que el Poder Legislativo debe ejercer sobre el Ejecutivo. La reacción no tardó en llegar. A través de una carta abierta, dirigida a la jefa comunal, los ediles plantearon que la situación “ya no puede interpretarse como una simple diferencia política”, sino como un hecho que “expone un preocupante incumplimiento de las responsabilidades del cargo”.

En términos más crudos, dentro del propio cuerpo deliberativo comenzó a circular una definición delicada: “mal desempeño”, una categoría que, en el lenguaje institucional, no suele aparecer por accidente.

Acusaciones cruzadas

El eje del conflicto gira en torno a los reiterados pedidos de informes impulsados por el Concejo, que buscan esclarecer el destino de fondos públicos, especialmente los vinculados a la coparticipación. Según denunciaron los concejales, la falta de respuestas técnicas y la ausencia de funcionarios impiden conocer con precisión cómo se están administrando los recursos municipales, generando un escenario de incertidumbre que impacta directamente en la confianza pública. Mientras el Ejecutivo sostiene que las respuestas ya fueron brindadas, el Legislativo insiste en que la información no fue presentada de manera formal ni en el ámbito institucional correspondiente.

La contraofensiva del Ejecutivo

Desde el entorno de Guerrero Palma, el conflicto también tiene otra cara. La intendenta denunció un supuesto intento de “boicot” por parte de un concejal, quien habría gestionado ante una entidad bancaria el bloqueo de un giro de fondos destinado al pago de salarios municipales. De confirmarse, la acusación no sería menor: implicaría una maniobra con impacto directo sobre los trabajadores. En paralelo, la jefa comunal cuestionó los intentos de incremento en las dietas de los concejales, argumentando que cualquier suba genera un “efecto cascada” sobre los salarios jerárquicos del municipio, en un contexto económico que calificó como inviable para ese tipo de decisiones.

El conflicto ya dejó de ser exclusivamente político para transformarse en un problema de gobernabilidad.

La falta de diálogo entre los poderes del Estado municipal se da en un contexto económico delicado en el departamento San Martín, donde los márgenes de error son prácticamente inexistentes.

Las consecuencias potenciales no son abstractas: la paralización administrativa puede afectar servicios básicos, comprometer el pago de salarios y profundizar el malestar social.

En ese escenario, la disputa por el control de los recursos y la información no solo expone tensiones de poder, sino que coloca a la institucionalidad local en una zona de fragilidad evidente.

Desde el Concejo advierten que, si persiste la falta de respuestas, el propio sistema institucional deberá activar los mecanismos previstos por la ley. Esto es que, el conflicto podría escalar a instancias más severas. Mientras tanto, en Mosconi se consolida una escena bastante conocida en la política argentina: un Ejecutivo que dice haber respondido todo, un Legislativo que jura que no le respondieron nada, y una comunidad que sigue esperando certezas.