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Aumento de consultas por despidos y desvinculaciones avisoran más conflictos laborales

La situación laboral en Salta comienza a mostrar señales de preocupación en sectores de la economía provincial.

En las últimas semanas se registró un incremento de consultas vinculadas a despidos, desvinculaciones y conflictos laborales, especialmente en empresas distribuidoras de agua, soda y sifones, así como en compañías tercerizadas dedicadas al transporte para la actividad minera.

En diálogo con Nuevo Diario, el abogado y ex periodista Maximiliano Fernández, advirtió que ambos rubros concentran actualmente una parte importante de los reclamos que llegan a su estudio jurídico.

“En el caso de las empresas distribuidoras de agua y sifones comenzamos interviniendo en un único caso laboral y hoy ya son diez los trabajadores que solicitaron asesoramiento por situaciones similares. Esto demuestra que no estamos ante un hecho aislado sino frente a una problemática que merece atención”, explicó.

Según indicó el profesional, los trabajadores afectados se desempeñan en tareas de reparto, logística, carga, descarga y distribución, actividades fundamentales para el funcionamiento diario de estas empresas.

A su vez, Fernández señaló que otro de los sectores que evidencia dificultades es el de las empresas tercerizadas que prestan servicios de transporte para la minería, actividad que representa uno de los motores económicos más importantes de la provincia.

“También estamos observando consultas provenientes de trabajadores vinculados al transporte minero. Son empresas que brindan servicios a la actividad minera y donde comienzan a aparecer conflictos relacionados con despidos, finalización de contratos y reclamos laborales”, sostuvo.

El joven abogado, aclaró que los nombres de los trabajadores involucrados y de las empresas permanecen en reserva debido a que actualmente se encuentran en marcha actuaciones legales tendientes a resguardar los derechos de los empleados.

“Por respeto al proceso y para evitar posibles represalias, la identidad de los trabajadores se mantiene reservada. Actualmente se están realizando las correspondientes intimaciones y reclamos para que se abonen los conceptos laborales e indemnizatorios que legalmente corresponden”, manifestó.

Fernández destacó que detrás de cada expediente existe una realidad social compleja que muchas veces pasa desapercibida.

Según explicó, una parte importante de los trabajadores despedidos son sostén económico de sus familias y enfrentan la necesidad de generar ingresos inmediatos.

“En muchos casos, quienes tienen hijos o familias a cargo terminan aceptando acuerdos inferiores a los que les corresponderían legalmente porque necesitan llevar dinero a sus hogares. La urgencia económica suele jugar en contra de sus derechos”, afirmó.

Asimismo, remarcó que incluso muchos trabajadores jóvenes que deciden avanzar judicialmente también cumplen funciones de apoyo económico dentro de sus grupos familiares, colaborando con padres, hermanos o familiares cercanos.

Para Fernández, la situación no puede analizarse de manera aislada respecto del contexto económico que atraviesa la provincia.

“El cierre de comercios, la caída del consumo, el aumento de los servicios públicos, los incrementos en el combustible y la inflación generan un efecto directo sobre la actividad económica.

Cuando las empresas comienzan a tener dificultades para sostener sus costos, el empleo suele ser una de las primeras variables que se resiente”, explicó.

Finalmente, consideró que tanto el sector de los soderos como el transporte minero merecen especial atención debido a la cantidad de familias que dependen directa e indirectamente de estas actividades.

“Hoy estamos observando señales de alerta particularmente en estos dos rubros. Detrás de cada despido no hay solamente un trabajador afectado; hay familias enteras que ven comprometida su estabilidad económica.

Por eso resulta fundamental que quienes atraviesen una situación similar busquen asesoramiento oportuno para conocer y ejercer sus derechos”, concluyó.

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